miércoles, 17 de diciembre de 2008

Valorizamos el trabajo institucional de nuestra legislatura pero no estamos obligados a soportar los caprichos de nadie


"No compartimos la mirada de quienes desde la anti política creen que todos los males de la democracia están en el trabajo legislativo, ni pensamos que la cantidad de proyectos presentados garantizan solvencia en la función. Pero ante la actitud discriminatoria y autoritaria de quienes acostumbraban pensar que podían manejar todo, entre otras cosas qué se trata y qué no en la Cámara, creemos que es posible generar herramientas institucionales que nos permitan trabajar sin obstáculos caprichosos", enfatizó Fabián Gatti, autor junto a Beatriz Manso y Martha Ramidán, legisladores del Frente Democrático–REDES, de dos iniciativas que pretenden agilizar el trabajo legislativo.
"No nos interesa ni de cerca constituirnos en dudadores profesionales de la rectitud del resto de nuestros pares, es un rol que le dejamos a los que piensan que la democracia funciona mejor sin deliberación y que las legislaturas son sólo un mal necesario. Sin embargo las cosas pueden mejorarse, sobre todo cuando se trata de estar sujetos la voluntad y el humor del presidente del bloque del oficialismo y su relación con los bloques opositores. El trabajo que durante todo el año legisladores de distintas expresiones políticas realizan, debe tener una ruta institucionalmente garantizada, intentando dar respuestas a las demandas y planificando en función de las necesidades de los rionegrinos", agregó Gatti.
"Es notorio y surge de nuestra experiencia legislativa que al inicio de cada período de Sesiones Ordinarias encontramos una significativa cantidad de proyectos que han quedado sin tratamiento y caducan", manifestaron los legisladores. Agregaron que "estamos convencidos que estos datos no se pueden ignorar (…) nos debemos alarmar en razón de que probablemente esto al tomar estado público pueda entenderse como una falta de gestión de este Poder Legislativo".
Es significativo el dato que arroja un trabajo estadístico realizado por los autores donde se desprende que sobre un total de 207 proyectos de ley, presentados entre el 14 de abril al 30 de octubre de este año, el oficialismo, incluido el poder ejecutivo, presentó 85 iniciativas de las cuales 40 fueron tratadas en comisiones y 33 fueron aprobadas. Por la oposición, integrada por los bloques Frente Democrático, SUR, Encuentro-Frente Grande, PJ y ARI, presentaron 105 proyectos de ley, de los cuales trataron en comisión sólo 16 y fueron aprobados 4.
Avalados con el trabajo legislativo de casi un año, Gatti, Manso y Ramidán, presentaron sendas iniciativas parlamentarias con el propósito de garantizar el tratamiento de todos los proyectos ingresados a las comisiones. Señalaron que "en nuestra cámara legislativa están representadas las mayorías de las expresiones políticas e ideológicas, siendo por ello fundamental que en las distintas comisiones se discutan plenamente las ideas que ingresan, que tienen que ver precisamente con puntos de vista diferentes sobre el Estado y la Sociedad".
Los parlamentarios instan a que en un plazo no mayor de 15 días los presidentes de las comisiones pondrán a consideración de los legisladores que integran las mismas, los proyectos que toman estado parlamentario.
En cuanto a los "pedidos de informes" o consultas sobre Proyectos de Ley, requeridos por la Legislatura según el Artículo 139 de la Constitución Provincial, deberán ser respondidos en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción, por parte del organismo responsable. Esta propuesta, formulada a través de un proyecto de ley, modifica el artículo primero de la Ley K N 2216.
En la resolución los parlamentarios indicaron que "esta iniciativa intenta llevar adelante un procedimiento que permita (...) el trato igualitario hacia todos los proyectos ingresados en las respectivas comisiones (…) que en el seno de la misma comisión se discuta precisamente si el proyecto debe continuar con su tratamiento o en tal caso debe tomarse la decisión de enviar al archivo por si no resulta viable" y "tratar de evitar, sin un estudio previo, archivar un proyecto que puede significar de importancia para la sociedad". La resolución tiene por objeto una modificación al reglamento interno de la Legislatura de Río Negro.
Los autores manifestaron que "es cierto que el trabajo legislativo no se puede analizar simplemente en base a datos estadísticos, pero las estadísticas muestran una tendencia, que es necesario revertir con una forma de proceder (…) se trata de generar salvaguardas institucionales para garantizar la transparencia de las gestiones institucionales y la calidad en el trabajo que realizamos".
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Ver informe especial:

- Datos estadísticos sobre el Trabajo Legislativo 2008. En base a datos tomados del período que va del 14 de abril al 30 de octubre. (Incluye sólo Proyectos de Ley).pdf

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Ver proyectos presentados:

- Proyeco de Ley Exp. Nº 1194/2008 Modifica el artículo 1º de la ley 2216, a fin de darle más agilidad al tratamiento de los proyectos de ley, que son elevados para que el Ejecutivo emita su postura o de un opinión al respecto.

- Proyecto Resolución Exp. Nº 1193/2008 Modifica el Reglamento Interno de la Legislatura buscando la agilidad en el tratamiento de todos los proyectos ingresados, sin discriminación partidaria.


Prensa, 17 de diciembre de 2008

miércoles, 10 de diciembre de 2008

Iniciativas legislativas para proteger a la industria aserradera rionegrina

Un paquete de exenciones a la industria maderera de la provincia proponen los legisladores del Bloque Frente Democrático a fin de "adoptar medidas conducentes que salvaguarden" la actividad nacional y provincial, sus fuentes de trabajo y "que superen la situación de competencia desfavorable extranjera que sufren los pocos aserraderos existentes" en Río Negro. Por otra parte enviaron una comunicación al gobierno nacional para que éste adopte medidas tendientes a favorecer a la industria local.
 
Las exenciones al pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y a la patente única sobre vehículos afectados a la industria, tendrán una vigencia de seis meses. El proyecto de ley propone, además, la "suspensión de juicios o trámites administrativos iniciados por deudas originadas en impuestos, tasas, contribuciones y multas de carácter provincial, en el estado procesal en que se encuentren, incluso en trámite de ejecución de sentencia".
 
Martha Ramidán, Fabián Gatti y Beatriz Manso consideran que "si bien la legislación nacional y provincial establece un marco general de regulación de la actividad maderera" esta iniciativa parlamentaria es de carácter proteccionista para "fomentar la actividad local hasta tanto desaparezca la desfavorable competencia extranjera, producto del ingreso de madera importada y trabajada por cooperativas de trabajo para la elaboración de jaulas, principal sostén de los aserraderos locales".
 
Al respecto, los autores fundamentaron que "es notable como las empresas frutícolas importantes del Valle importan la madera ya cortada y a través de cooperativas de trabajo arman las jaulas que, al pagar menores impuestos (sobre el trabajo y el producto ya elaborado), dejan fuera del mercado a la producción local. El diferencial impositivo por ambas causas llega al 30% en promedio".
 
Es por ello que los legisladores del Frente Democrático comunicaron al Ministerio de la Producción de la Nación  la necesidad de que se tomen las medidas conducentes a la protección de la industria aserradera de Río Negro y al mantenimiento de sus fuentes de trabajo, para superar la situación de competencia desfavorable. "La salida de la convertibilidad, la inflación y la suba de costos se sumaron para que los aserraderos regionales pierdan competitividad frente a la industria maderera extranjera y los pocos aserraderos que aún quedan en nuestra provincia reclaman subsidios para poder mantenerse en actividad", señalaron los autores de la iniciativa.
 
Prensa, 10 de diciembre de 2008
 

Prensa y comunicación institucional Bloque Frente Democrático
Sonia Suyay Urrutia - suyay@italopatagonicos.com.ar // 02941 15 41 75 05 – 02941 433539

viernes, 5 de diciembre de 2008

Promueven la creación de un comité anticrisis

 
           Proyecto de ley
Con el fin de implementar estrategias comunes entre los distintos sectores sociales, ante los potenciales efectos de la crisis económico financiera internacional, los legisladores Martha Ramidán, Fabián Gatti y Beatriz Manso (FD) proponen la creación de un Comité Anticrisis que tendrá entre sus objetivos la constitución de un Plan de Manejo de Crisis que incluya un paquete de medidas y alternativas proteccionistas para ser viabilizadas por el gobierno provincial.  
 
Entre las incumbencias, el Comité elaborará "un diagnóstico situacional que determine el grado de impacto de la crisis internacional", promoverá el consenso entre los distintos actores de la economía rionegrina, coordinará acciones con los gobiernos municipales, realizará el monitoreo del Plan de Manejo, entre otras.
 
Por otra parte el Comité gestionará "la intervención del gobierno provincial cuando se generen situaciones de competencia nacional".
 
El mismo funcionará durante un año y estará integrado por el Poder Ejecutivo provincial con representantes de los Ministerios de Producción, Familia, Gobierno, Hacienda,  Turismo y la Secretaría General de la Gobernación. Además, tendrán representación los bloques legislativos, organizaciones sindicales y gremiales. Será importante también la participación de las Cámaras de Comercio, Industriales y Empresariales, como así también referentes de organizaciones de la sociedad civil reconocidas. Se invitará a un representante del Ministerio de Trabajo de la Nación a integrar este Comité.
 
"Se trata de diseñar escenarios para atender las distintas circunstancias, anticipando el fortalecimiento de políticas sociales, previendo nuevas demandas como consecuencia del fenómeno social internacional. Esto indica, el mantener cierta cautela en la utilización de los recursos para cumplir el objetivo de terminar el año en forma equilibrada", expresaron los legisladores.

El Comité Anticrisis socio- económico, recepcionará y dará tratamiento a las inquietudes de cualquier sector de las diferentes regiones provinciales que tengan que ver con modificaciones de su realidad específica y que sean consecuencia de los efectos ocasionados por la crisis internacional.

Agregaron que "ante un escenario de incertidumbre (...) el Comité Anticrisis permite aislar el tratamiento exclusivo y centralizado de la misma, permitiendo su abordaje de modo neutro y constructivo, constituyendo un ámbito institucional delimitado a nuestra provincia, para atender los riesgos que conlleva la misma, entendiendo que su planificación requiere un mapeo, diseño y control de distintos aspectos que ayudarán a su ejecución". 

Ramidán, Gatti y Manso concluyeron que "en nuestra provincia, como era de esperar, comienzan a presentarse las primeras consecuencias, afectando directamente a quienes ninguna responsabilidad tiene en la generación de la crisis: los trabajadores. (...) La última semana, se produjeron despidos en la zona del Alto Valle, lo que provocó el llamado a convocatoria de todo el sector empresario por parte de la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación" y que "el salario y las condiciones de trabajo no pueden ser una variable de ajuste de la crisis."
 
Prensa, 05 de diciembre de 2008

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miércoles, 3 de diciembre de 2008

Legisladores destacan carrera universitaria sobre discapacidad

 
Proyecto de declaración
 
Legisladores del Bloque Frente Democrático destacaron el dictado de la carrera universitaria "Especialización en Gestión de Servicios para la Discapacidad", de la Universidad ISALUD (Salud, Medioambiente, Economía  y Sociedad) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martha Ramidán, Beatriz Manso y Fabián Gatti propusieron que la misma sea declarada de interés social, educativo y cultural, dado que "la misión es crear recursos humanos capaces de coordinar, planificar y gestionar los servicios que conforman al sistema de atención de la discapacidad, desde la perspectiva de la integración social". La especialización se dicta desde al año pasado, está acreditada por la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) y es de carácter privada.
 
El pedido de declaración está sustentado en la trascendencia de la carrera. En los fundamentos se enfatiza en que ISALUD "es una de las más significativas Instituciones nacionales en investigación, docencia, cooperación técnica y ediciones dedicadas a la Salud, el Ambiente y Desarrollo, los Alimentos y la Nutrición, la Administración y Economía, y las Políticas Sociales" y que "los profesionales relacionados con las distintas estructuras de carácter público, privado y del sector servicios, a nivel nacional, provincial y municipal, han encontrado en la Especialización () el espacio para fortalecer sus competencias en la apropiación de los principios, conceptos y técnicas de gestión social, economía, administración y legislación en la materia".
 
Esta carrera está destinada a la alta gerencia del sector público de nivel provincial y municipal, a responsables de áreas de discapacidad de Obras Sociales provinciales y nacionales, de PROFE, de PAMI, de ONG, direcciones de Hospitales de Rehabilitación, jefes de servicios de rehabilitación y responsables de organizaciones para la discapacidad.
 
La institución universitaria, a través de la Fundación homónima,  tradicionalmente realiza la entrega anual de los Premios ISALUD en reconocimiento a la labor y el compromiso de aquellas personas e instituciones que hayan realizado actividades o acciones trascendentes.
 
Entre los colaboradores activos están grandes instituciones como la Comisión Nacional Asesora para la integración de Personas Discapacitadas (CONADIS), Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Foro Permanente para la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad (FORO-PRO), entre otras.
 
 
Prensa, 03 de diciembre de 2008
Contacto: Leg. Martha Ramidán  02941 – 156 61 106

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martes, 25 de noviembre de 2008

Las empresas deberán acreditar solvencia

 
Proyecto de Ley
 
Fabián Gatti, Beatriz Manso y Martha Ramidán, legisladores del Frente Democrático, propusieron una modificación a la Ley provincial 1274, de Promoción Industrial y del Fondo de Fomento Industrial. El proyecto establece cambios en el artículo que regula un conjunto de beneficios a los titulares de las empresas definidas en la ley,  en cuanto que propone exigirles la presentación de la documentación actualizada de la justificación anual del mantenimiento de la solvencia fiscal, económica y financiera. Por otra parte, los mismos deberán aportar cada tres años la documentación de la solvencia técnica y profesional.
 
La iniciativa surgió por el análisis de la citada ley y por la información recabada en un pedido de informes realizado en octubre de este año al Ministro Pablo F. Verani, relacionado al  beneficio de exención impositiva a favor de la empresa Flavors S.A. En esa oportunidad el Ministro de Hacienda contestó que la exención está encuadrada en los términos de la ley 1274, en los artículos 1 y 2. Por ello, los legisladores opinaron que "la ley debe contener el concepto de solvencia para evitar lo que tantas veces vimos en el país, empresas fantasmas que construyen galpones vacíos para aprovechar beneficios fiscales y a partir de allí utilizar estructuras crediticias con avales del mismo estado".
 
Agregaron  que "muchas empresas son montadas estructuralmente, bajo el simulo del concepto de solvencia, pero denostadas de liquidez, generando mayor abultamiento de su pasivo al no contar con efectivo necesario al momento oportuno de realizar los pagos de los compromisos anteriormente contraídos".
 
Cabe mencionar que la Ley 1274 establece que "podrán acogerse a los beneficios (…) las personas físicas o jurídicas, titulares de nuevas empresas y explotaciones que se radiquen en la Provincia de Río Negro, cuyas actividades estén incluidas en el listado que preverá el Decreto Reglamentario. Serán consideradas nuevas empresas las existentes que se relocalicen en un parque industrial y las ampliaciones en la capacidad de producción y de servicios de por lo menos un treinta por ciento (30%). También podrán ser promovidas por el régimen de la presente Ley aquellas empresas que sean declaradas de Interés Provincial y las que hubieran obtenido beneficios previstos en la Ley Nacional Nº 21.608 o las que la sustituyan o modifiquen".
 
En consecuencia, "dichas empresas y explotaciones son secundadas por el otorgamiento de una serie de beneficios: facilidades para la compra de tierras fiscales a los fines de su desenvolvimiento, prioridad en el otorgamiento de créditos de Bancos Oficiales , aval bancario por Bancos Oficiales de la provincia para la importación y/o adquisición en el país de equipos, maquinarias e instrumentos, tarifas especiales para la difusión publicitaria, la exención impositiva por publicaciones, la exención o reducción de los impuestos provinciales creados o a crearse y los que los sustituyan o modifiquen, entre otros", expresaron los autores del proyecto.
 
Es oportuno mencionar que el artículo 3 de la citada ley delimita que los beneficios impositivos pueden concederse por un plazo de hasta 10 años.
 
Finalmente, los legisladores creen que la reglamentación debe incluir que "entre los requisitos que deben contemplarse, caso de las Uniones Temporales de Empresas, en especial, cada uno de los miembros de dicha unión debe acreditar su capacidad y solvencia individualmente, haciendo referencia a que se concurre bajo dicha figura .De igual modo, las personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades deben acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la persona jurídica dominante".
 
Prensa, 25 de noviembre de 2008

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jueves, 13 de noviembre de 2008

Buscan crear comisión evaluadora del servicio de transporte aéreo rionegrino

 
Proyecto de Ley
 
Con el firme propósito de cubrir la demanda de transporte aéreo turístico, sanitario, de carga y de pasajeros en general, en el ámbito de la provincia, los legisladores Fabián Gatti, Beatriz Manso y Martha Ramidán proponen crear la Comisión Mixta Evaluadora del Transporte Aéreo. La misma se conformará por el término de 180 días y su fin será planificar la puesta en marcha de servicios aéreos con conexiones regionales, nacionales e internacionales. Es un tema pendiente y urgente para avanzar, ávido de una política de estado, en pos del desarrollo económico provincial.
 
Las principales funciones de la Comisión Mixta serán convocar a las empresas estatales y privadas a presentar estudios de factibilidad en la implementación del servicio y sus conexiones con las rutas en el corto, mediano y largo plazos.
 
La comisión estará integrada por un representante de la Secretaría de Planificación, Control y Gestión, Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, Ministerio de Turismo, Secretaría de Transporte, Ministerio de Producción, presidentes de los bloques legislativos y dos representantes de los aeroclubes de la provincia.
 
También evaluará el estado actual de los aeropuertos radicados en Río Negro y analizará la "necesidad de subsidiaridad, control y seguimiento" por parte del Estado. En este sentido la Comisión analizará los mecanismos de contratación de empresas de servicios aéreos en el marco de la Ley 3186 de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial. Por último, la Comisión diseñará un modelo de pliego de licitación que contemplará "un piso de pasajes cubiertos garantizados por el Estado en función del principio de subsidiariedad del transporte público". Al respecto los legisladores expresaron que "no hay que caer en el burdo error de planificar el transporte pensando en la rentabilidad a corto plazo. Sino como una inversión para el mediano plazo, donde la rentabilidad se mida en términos de integración, desarrollo y bienestar de la comunidad".
 
Entre los fundamentos del proyecto de ley los parlamentarios del Bloque Frente Democrático hacen hincapié en las dificultades que presenta la provincia para concretar la integración regional y en la importancia del transporte aéreo como un elemento central tanto para la comunicación interna como externa. El transporte aéreo, en especial, es un problema  "siempre postergado por la crisis". El desarrollo de este servicio debe ser considerado como una política de estado.
 
A la capital provincial llega un solo vuelo por semana desde Buenos Aires y no existe ningún otro que la vincule con las otras grandes ciudades de la provincia. General Roca, que en los últimos años se ha afirmado como el gran polo económico y productivo de la provincia, no cuenta con vuelos a Buenos Aires, regionales y muy lejos de concretar vuelos internacionales.
Bariloche es un caso exclusivo con vuelos diarios, nacionales e internacionales, creciendo anualmente el ingreso de pasajeros por vía aérea, pero curiosamente no tiene conexiones con Viedma, General Roca ni con Ing. Jacobacci.
 
Los empresarios mineros de la Línea Sur y Sierra Grande están totalmente aislados, al igual que los pesqueros del golfo y el sector turístico de las Grutas en San Antonio Oeste.
 
Gatti, Manso y Ramidán argumentan que "no se trata de traer una nueva versión de la integración de los rionegrinos a esta cámara, sino de entender la necesidad de conexión con el mundo, en una provincia de perfil netamente turístico y exportador. Se trata de generar políticas públicas que faciliten el arribo de compradores a la provincia. Por otro lado el desarrollo aéreo impulsará el desarrollo de nuevas áreas turísticas, en un territorio que en su condición de patagónico despierta el interés de turistas de todas partes del mundo".
 
La breve historia 
 
La historia de los servicios aéreos en Río Negro tuvo grandes aspiraciones y tristes derroteros. En el año 1990 y con miras a integrar la provincia, empezó a operar la empresa Sapse como parte de un proyecto del gobierno provincial de entonces. Dicho proyecto incluyó la construcción de seis aeropuertos en todo el territorio.
 
Con la empresa Sapse se llegó a volar de Puerto Montt a Bariloche, Viedma, con escala en Jacobacci y General Roca. Hubo dos vuelos semanales a Buenos Aires de la empresa provincial. Todo eso estaba pensado con una tercera etapa en el marco de un proyecto productivo en función de exportaciones por vía aérea, pero el emprendimiento sufrió la misma realidad que distintas empresas aéreas de rutas desfavorables, con una administración estatal que no estuvo a la altura de las contingencias.
 
El Viernes 10 de julio de 1998 el diario la Nación publicaba "Reclamo de líneas aéreas patagónicas", en una nota expresaba el reclamo de ayuda de tres empresas del sur del país que solicitaron el apoyo oficial para seguir operando rutas con rentabilidad negativa. Se trataba de las empresa fueguina el Kaikén, la neuquina TAN y la rionegrina Sapse, entonces recientemente privatizada en Sapsa. Las tres transportadoras aéreas patagónicas denunciaron que la demora en el pago de los pasajes oficiales o la asignación de cargas de organismos públicos a terceros intermediarios atentaban contra principios de igualdad y causaban un enorme perjuicio a la actividad. En su momento se unieron en un reclamo por la aplicación de fondos al Programa Integral de Desarrollo Aéreo de la Patagonia (Pidap), como única vía para sostener las rutas de rentabilidad negativa, pero imprescindibles para mantener la comunicación regional. "No estamos aferrados a un subsidio, pero tampoco podemos nosotros seguir subsidiando un esquema que el Gobierno prometió asumir y dejó a la deriva", indicaron.
 
Las compañías aéreas obtuvieron el apoyo de la Comisión Nacional de Desarrollo de la Patagonia para reclamar la reasignación de los fondos que en 1994 se destinaron a subsidiar a los transportadores aéreos que desarrollen infraestructura comercial en la región y presten servicios en rutas o tramos internos y que sean declarados de interés para su desarrollo. Otras empresas, como Aerolíneas Argentinas, LAPA, Austral o SW, que conectan rutas regionales, no fueron incluidas.
 
El programa permitiría recuperar las conexiones aéreas perdidas con la suspensión de los vuelos de Líneas Aéreas del Estado, mediante la licitación de tramos por subsidiar. De los $ 12 millones que se utilizaban para LADE, se iban a destinar ocho para el Pidap, por cinco años. Pero fueron cuatro en el 95; aproximadamente dos en 1996, y nada en los dos últimos años. El Pingüino dejó de operar en 1996, al igual que Sapse, transformada en sociedad anónima y sin aeronaves propias, Sapsa (luego adquirida por la empresa de transporte terrestre de pasajeros Vía Bariloche) que dejó de operar definitivamente en el 2002.
 
En un hangar del aeropuerto de Viedma siguen depositados cuatro aviones de SAPSE, cuyo desuso lleva una década. Plazo que también cuenta el inagotable proceso de liquidación de esa empresa aérea provincial. Pero no es el motivo de esta ley, el de realizar un análisis detallado de lo que pudo ser y no fue, o del estado calamitoso en la actualidad de la empresa fundida, los gastos y las pérdidas que sigue dando y los juicios millonarios aún pendientes. Ese es otro capítulo.
 
Se trata más bien de una necesidad de integración territorial que se hizo sentir ya en las postrimerías del siglo XX en nuestra región y que ahora está más que acentuada, frente a un crecimiento, productivo, turístico, poblacional, que no espera decisiones políticas para desplegarse.
 
Prensa, 13 de noviembre de 2008

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lunes, 3 de noviembre de 2008

Proponen extender el Sistema de Guardias de "hogares" a toda la provincia

Comunicación Al Ministerio de Familia
Proponen extender el Sistema de Guardias de "hogares" a toda la provincia
 
Los legisladores Martha Ramidán, Beatriz Manso y Fabián Gatti (FD) propusieron mediante una comunicación al Ministerio de Familia de Río Negro extender a todas las localidades el "Sistema de Guardias Permanentes de Profesionales y Operadores Comunitarios" y poner a disposición del mismo todos los recursos necesarios para su implementación. Entre los fundamentos de la iniciativa los parlamentarios citaron las acciones desarrolladas por la Delegación de Promoción Familiar- Zona Atlántica-quien acompaña a niños, niñas y adolescentes, de 0 a 18 años, que estén demorados en comisarias por el motivo que fuere, internados en un Hospital o estén en otras instituciones y en circunstancias en la que no cuenten con acompañamiento adulto, en pos de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
Motivó la comunicación el hecho de que "en los últimos tiempos, se ha incrementado el número de detenciones de niños, niñas y adolescentes, expuestos en comisarías, en paralelo, a las situaciones de vulneración de derechos a los cuales se ven expuestos en dichas circunstancias" y que "vemos a diario, las sistemáticas declaraciones realizadas por jóvenes – y sus familias-, relacionadas a detenciones ilegales por averiguación de antecedentes, maltratos y persecución policial de distintos tenores, llegando, inclusive, al armado de causas judiciales, legitimando estas prácticas institucionales violentas".
 
Enfatizaron  que "es necesario la implementación de esta herramienta operativa interinstitucional en toda la provincia ya que se evitarían casos de detención arbitraria o, mucho más aún, de muerte de adolescentes detenidos, como ocurrió en nuestra Provincia, el pasado 1  de noviembre cuando un adolescente de 17 años se ahorcó en un calabozo, sospechado de hurto, en la Comisaría Tercera de la ciudad de General Roca".
 
Por otra parte los legisladores del Bloque Frente Democrático señalaron que "cabe preguntarse, qué mecanismo preventivo y/ o medida administrativa se halla dispuesta, frente a la detención arbitraria- desde la cual ya se vulneran derechos- o en situaciones en las que no se encuentren acompañados por sus responsables adultos".
 
El "Sistema de Guardias Permanentes de Profesionales y Operadores Comunitarios" se activa una vez recibida la demanda o la comunicación de parte de la Policía de la Provincia, Poder judicial o  Ministerio Público. Al momento en que un joven es demorado en una comisaría, la misma da aviso al coordinador de turno quien tiene la responsabilidad de realizar la evaluación técnica de la situación y organizar una estrategia para resolver la misma. Luego se establece la Guardia y se garantiza la presencia permanente de operadores. Si es necesario el coordinador se comunica con el Juez Interviniente o la Asesora de Menores.
 
Una vez establecida la Guardia, se insiste permanentemente en que la comisaría notifique a los padres o tutores a fin de viabilizar las tramitaciones y que los mismos permanezcan en Comisaría el menor tiempo posible.
 
El objetivo de la Guardia es garantizar el derecho a la defensa, entendiendo también las consultas realizadas por distintas instituciones hospitalarias, educativas y otras del Gobierno provincial, proponiéndose como alternativa para impedir la judicialización de situaciones vinculadas con problemáticas socioeconómicas. En este orden, es de su incumbencia, las autorizaciones para el ingreso al  Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes (CAINA).
 
El marco general de implementación de éste servicio es toda la normativa nacional, internacional y provincial acorde a la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
 
Del "Hogar Pagano" al Sistema de Guardia de Delegación
 
En la Provincia de Río Negro, en la zona Atlántica, hasta el año 2004 cuando un joven menor de edad era demorado en una Comisaría, era acompañado por operadores del Hogar Pagano. Al reabrirse como institución de mayor seguridad, las situaciones se derivaron a los Programas de la Delegación de Promoción Familiar, pero las guardias eran asistidas por operadores de ese hogar.  
 
A partir del año 2004, con dos operadores del Programa de Libertad Asistida, comenzó a pensarse un dispositivo específico para estos hechos.  Se atendían situaciones en las comisarías, con turnos rotativos de 12 horas.
 
En el año 2006, se fortaleció el equipo  de trabajo y se amplió la cobertura, entendiéndose como Guardia de Delegación y no solo del Programa de Libertad Asistida. Se sumaron así, al grupo original, cuatro operadores y tres técnicos. De igual forma, sistematizaron reuniones donde definían criterios operativos de trabajo, roles y la necesidad de acuerdos institucionales.
 
En la actualidad, el dispositivo de guardias trabaja con 8 operadores organizados en dos grupos y garantizan el servicio de asistencia y acompañamiento las 24 horas. Cada operador cumple un turno de 6 horas.
 
Prensa, 03 de noviembre de 2008

 

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miércoles, 29 de octubre de 2008

Discuten el apoyo crediticio para heladas primaverales

En reunión de la Comisión de Planificación
 
Durante una reunión realizada esta mañana la comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo en la que, entre otras iniciativas se discutió un proyecto de ley que tiene el propósito de dar una solución crediticia a los productores frutihortícolas para que puedan adquirir equipos de riego por aspersión para la defensa contra las heladas.
 
Sin embargo el Cuerpo decidió que, antes de dar un dictamen final, realizará una serie de consultas a distintos organismos provinciales para determinar los alcances de la normativa  preexistente en Río Negro.
 
El presidente de la Comisión, legislador Ademar Rodríguez se refirió a este proyecto de ley presentado por los legisladores Beatriz Manso, Fabián Gatti y Martha Ramidán (Frente Democrático), y lo vinculó con "cuestiones cíclicas y coyunturales propias de una actividad expuesta naturalmente a situaciones climáticas inesperadas para las que se requiere incorporación de tecnología". 
 
"Debemos buscar todos los  mecanismos crediticios posibles para que el productor pueda incorporar a la mayor brevedad los mejores sistemas tecnológicos de riego, que también sirven para fertilizar con mejor beneficio, tanto como para la protección de las heladas, para que los productores dejen de apelar a la quema de cubiertas y combustibles que afectan la fruta y el medio ambiente".
 
Al referirse al Plan Frutícola Integral que se implementará en Río Negro firmado días pasados por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en Villa Regina, el titular de la Comisión consideró que "es una política de Estado bien definida, que significa 40 millones de pesos más por año que se volcarán gradualmente a las exigencias que tiene hoy el mercado y la cadena productiva y comercial".
 
Ademar Rodríguez aseguró que ello también permitirá la "incorporación de tecnología y la posibilidad de acceder a la gran calidad que hoy requiere el mercado, no solamente el internacional, sino también el interno" y en ese contexto enmarcó el proyecto en discusión.
 
Fuente: Legislatura de Río Negro 28 de octubre de 2008
 
Prensa, 29 de octubre de 2008

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martes, 28 de octubre de 2008

Piden explicaciones por demoras en entrega de certificados de discapacidad y reclaman respuestas por el destino de fondos nacionales

          Pedido de Informes al Ministerio de Familia
Ante hechos que son denunciados periódicamente por personas con discapacidad o por sus familiares o amigos, los legisladores Fabián Gatti, Beatriz Manso y Martha Ramidán (FD) presentaron recientemente un pedido de informes al Ministerio de Familia a fin de que responda sobre la emisión de los Certificados de Discapacidad. Además, señalaron que aún no han recibido respuesta de este Ministerio a un pedido de informes presentado el 17 de setiembre de este año,  para que se indique el destino de más de 700 mil pesos provenientes de Nación destinados a la conformación de los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia.
 
Los legisladores del Bloque Frente Democrático peticionaron al Ministerio que indique  cuáles son los plazos previstos en el Consejo del Discapacitado para la entrega de los certificados; en los casos donde se presenten demoras, sean localidades o juntas evaluadoras, señalen cuáles son los motivos y qué medidas adopta dicho Consejo para "asumir la responsabilidad de los perjuicios que esto pueda provocar a los solicitantes". Además, el Ministerio deberá responder cuáles son las formas de control a las empresas de transporte para que cumplan con el decreto Nacional 3804 y den cumplimiento a la Ley provincial 2055, y cuál es el accionar de la Dirección Provincial de Transporte en casos de incumplimiento de la normativa por parte de las empresas.
 
Por otra parte, merece especial atención la falta de respuesta a un Pedido de Informes, en setiembre de este año, también al Ministerio de Familia, en el cual se requirió explicaciones sobre "cómo está asignado el aporte de 775.000 pesos destinados al financiamiento de la conformación de los Consejos Locales", dentro de los convenios marcos suscriptos por el gobierno rionegrino con Nación y que tienen por destino programas de desarrollo social y fortalecimiento institucional.
 
Sendos pedidos están en la misma línea de los realizados por la Defensoría del Pueblo la semana pasada. Cabe memorar que la Dra. Ana Piccinini solicitó al Ministro Pega que informe sobre el destino dado a un aporte de 700 mil pesos de la Nación para los "Programas E.C.I.S." y "Somos Parte". Además, la Defensora reclamó a Pega y al gobernador Saiz "mayor celeridad para los trámites que los ciudadanos realizan ante el Consejo del Discapacitado", dado que "una de las demandas más frecuentes está referida a la usual y extensa demora de entrega de certificados de discapacidad, llegando a ser en uno de los casos dicha demora de 18 meses sin obtener respuesta". La Defensora del Pueblo, Dra. Ana Piccinini, recordó que "el Certificado de Discapacidad es el soporte y el amparo de las personas del mencionado colectivo social para acceder a la cobertura de medicamentos y tratamientos específicos de las discapacidades, además de otros beneficios como el de la gratuidad del transporte y la exención de determinados impuestos en algunos casos, según la severidad de la discapacidad operante".
 
Prensa, 28 de octubre de 2008

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