Las exenciones al pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y a la patente única sobre vehículos afectados a la industria, tendrán una vigencia de seis meses. El proyecto de ley propone, además, la "suspensión de juicios o trámites administrativos iniciados por deudas originadas en impuestos, tasas, contribuciones y multas de carácter provincial, en el estado procesal en que se encuentren, incluso en trámite de ejecución de sentencia".
Martha Ramidán, Fabián Gatti y Beatriz Manso consideran que "si bien la legislación nacional y provincial establece un marco general de regulación de la actividad maderera" esta iniciativa parlamentaria es de carácter proteccionista para "fomentar la actividad local hasta tanto desaparezca la desfavorable competencia extranjera, producto del ingreso de madera importada y trabajada por cooperativas de trabajo para la elaboración de jaulas, principal sostén de los aserraderos locales".
Al respecto, los autores fundamentaron que "es notable como las empresas frutícolas importantes del Valle importan la madera ya cortada y a través de cooperativas de trabajo arman las jaulas que, al pagar menores impuestos (sobre el trabajo y el producto ya elaborado), dejan fuera del mercado a la producción local. El diferencial impositivo por ambas causas llega al 30% en promedio".
Es por ello que los legisladores del Frente Democrático comunicaron al Ministerio de la Producción de la Nación la necesidad de que se tomen las medidas conducentes a la protección de la industria aserradera de Río Negro y al mantenimiento de sus fuentes de trabajo, para superar la situación de competencia desfavorable. "La salida de la convertibilidad, la inflación y la suba de costos se sumaron para que los aserraderos regionales pierdan competitividad frente a la industria maderera extranjera y los pocos aserraderos que aún quedan en nuestra provincia reclaman subsidios para poder mantenerse en actividad", señalaron los autores de la iniciativa.
Prensa, 10 de diciembre de 2008
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