miércoles, 28 de octubre de 2009

Proponen una ley de organización regional de los pueblos de la "Región Centro Oeste" de la meseta

        Coordinación Regional de los Departamentos de General Roca  y El Cuy
Legisladores del Bloque REDES presentaron un proyecto de Ley que da respuesta a una iniciativa popular de los vecinos  autoconvocados de Mencué, Naupa Huen, Aguada Guzmán, Cerro Policía y El Cuy que promueven constituirse en la "Región Centro Oeste" de Río Negro. El proyecto se enmarca en el Decreto 318-01 que crea la Coordinación Regional de los Departamentos de General Roca y El Cuy, entre otros, con jurisdicción en las Comisiones de Fomento de la región.
 
El proyecto de REDES revitaliza los alcances del Decreto 318 y propone darle fuerza de ley a esta figura de organización regional. Es necesario aclarar que la zonificación, tanto en el decreto como en la iniciativa legislativa, no afecta los límites de los ejidos municipales.
 
La legisladora Beatriz Manso, quien junto a sus pares Fabián Gatti y Martha Ramidán son los autores del proyecto, expresó que "nos hacemos eco () de las voces de estos pueblos que no forman parte de la Línea Sur rionegrina y están aislados, casi abandonados, en una región intermedia al norte de la Ruta 23 y sur de las ciudades del Alto Valle" y pondera la actitud de los lugareños que no se quedan en la declamación sino que están dispuestos a avanzar en acciones concretas para modificar su realidad.
 
La iniciativa de REDES se fundamenta en la división organizativa que prevé el Decreto 318 donde se establecen tres Coordinaciones Regionales integradas por los departamentos de Bariloche y Pilcaniyeu, Ñorquincó y 25 de Mayo,  General Roca y El Cuy.
 
Así, Manso explicó que este proyecto hace alusión al caso concreto de la Coordinación Regional de los Departamentos de General Roca y El Cuy. Se establece que el Coordinador Regional será un Comisionado de Fomento, elegido entre sus pares de la Coordinación quienes surgirán de lo normado por la reciente ley 4439. Contará además con un Consejo Asesor conformado por instituciones intermedias de las Comisiones de Fomento que intervienen.
 
La Coordinación Regional tendrá entre sus objetivos gestionar servicios y mejoras en la calidad de vida de sus pobladores. Entre ellos trabajar en pos de la instalación del servicio zonal de salud, concreción de los suministros continuados de agua potable y energía eléctrica urbana y rural, gestionar un servicio de Seguridad Policial coordinado e intercomunicado entre los pueblos y propiciar la instalación de un colegio secundario con orientación agro técnica. También el Coordinador Regional deberá trabajar en los sistemas de comunicación terrestres, de telefonía, de internet inalámbrico, de televisión y radio, y en el diseño de una política integral para la recuperación económica de la región.
 
Manso agregó que el proyecto de ley contempla una disposición transitoria, para dar celeridad a la instrumentación, por cuanto hasta tanto se de cumplimiento a lo normado por la Ley Nº 4439 y se elijan por voto directo los comisionados de fomento, la Coordinación Regional de los Departamentos de General Roca  y El Cuy se conformará con los Comisionados de Fomento actuales y representantes de asociaciones no gubernamentales y gubernamentales por cada uno de los respectivos parajes.
 
Finalmente, la legisladora de REDES opinó que la actitud de los pobladores de la "región centro-oeste" de la meseta habla de una maduración de índole político organizativo que presenta nuevos desafíos para un Estado prácticamente ausente en las regiones en cuestión.
 

Secretario Bloque Renovación y Desarrollo Social (REDES)
Ing. Ernesto M. Epifanio  ernestoepifanio@hotmail.com – Tel. 02941 155 32974
Prensa y comunicación institucional
Sonia Suyay Urrutia - suyay@italopatagonicos.com.ar  Tel. 02941 154 17505

 
 
 


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jueves, 22 de octubre de 2009

Declaraciones del Ing. Ernesto Epifanio sobre Ley Integral del Indígena

 
Epifanio reivindicó la ley 2287 de tratamiento integral de la situación indígena y afirmó que se equivocan las comunidades que promueven las tomas.
 
El ex legislador y actual asesor del bloque REDES, Ernesto Epifanio, destacó que la ley 2287 (de tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y colectiva de la población indígena) no solamente permite atender las cuestiones indígenas, como la demanda de tierras, sino que "especifica claramente en su artículo 53 que es extensible a los pobladores rurales carenciados, cuya situación se asimila a la de los indígenas". Dijo sobre las tomas que se están produciendo en distintos puntos de la provincia que "los que las están propiciando desde las comunidades indígenas, se están equivocando", subrayando que el gobierno "tiene que actuar aquí, tiene que llamar a los sectores a la reflexión, y tiene que decir que cumplamos con esta ley (la 2287 de tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y colectiva de la población indígena), que es bastante sabia, que fue hecha en conjunto con las comunidades indígenas y las cosas van a tener otro mecanismo".
 
Señaló Epifanio a la agencia APP que realizar tomas con el fundamento que "ésta es la tierra de mis antepasados, no va, y yo no voy a justificar ningún tipo de toma", enfatizando que "aspiro a que la Dirección de Tierras se ponga los pantalones largos y que actúe con total objetividad y que intente solucionar el problema de la gente, porque para eso se hacen las leyes". Y cuando el conflicto supere este ámbito, opinó que debe intervenir "el Ministerio de Gobierno, directamente, llamando a la reflexión y tratando de buscar un ámbito para trabajar en conjunto".
 
En cuanto a la eventual intervención de la Legislatura, dijo que los legisladores pueden ir cambiando y actualizando la legislación por este tema, pero "acá el problema es de gestión, es un problema directamente del Poder Ejecutivo".
 
Epifanio reivindicó como el marco de diálogo por los conflictos con tierras con comunidades o grupos indígenas la ley 2287 (de tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y colectiva de la población indígena), de 1991, ya que "la hicimos después de tres años de consulta con las comunidades mapuches, con las comunidades indígenas de Río Negro".
 
Opinó en diálogo con la agencia APP que "más allá de las expresiones públicas cargadas de indigenismo o por el otro lado de sectores que cuestionan leyes específicas para los indígenas, estamos hablando de un tema concreto, tratar de modificar las condiciones de vida a gente que está en muy mal estado desde hace muchísimos años".
 
Señaló que "creo que hay que sentarse racionalmente, las tierras están adjudicadas a las comunidades, los que tengan problemas se les pueden anexar tierras y se puede tomar cartas en donde hay denuncias".
 
Al consultársele sobre las ocupaciones sobre tierras que en principio tienen propietarios con título, expresó a la agencia APP que "seguramente si la gente tiene el título y no hay ninguna denuncia previa esto no va a prosperar; en última instancia tendrá que resolverse en la justicia".
 
Dijo que la legislación apunta a reparar la situación "de los que fueron despojados de sus tierras realmente" e indicó que plantear la problemática de otra manera "es de nunca acabar, siempre va a aparecer un poblador originario más antiguos que va a decir 'yo tenía todas las tierras'; esto tampoco es viable".
 
Consideró en este marco que realizar tomas con el fundamento que "ésta es la tierra de mis antepasados, no va, y yo no voy a justificar ningún tipo de toma", enfatizando que "aspiro a que la Dirección de Tierras se ponga los pantalones largos y que actúe con total objetividad y que intente solucionar el problema de la gente, porque para eso se hacen las leyes".
 
Sobre los contenidos de la ley 2287 (de tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y colectiva de la población indígena), dijo en primer término a la agencia APP que "si bien esta es una ley que surgió para atender las cuestiones indígenas, ayudarlos a realizarse en su cultura, con todos los condimentos que esto tiene, también atacaba el tema de la tierra que es el reclamo mayor y diría que es el estandarte por el cual pelean. Pero la ley especifica claramente en su artículo 53 que es extensible a los pobladores rurales carenciados, cuya situación se asimila a la de los indígenas, o sea, que no lo tomemos esto como una cuestión exclusivamente del indigenismo".
 
Opinó en este marco que no hay que tratar la problemática de la tierra bajo la polémica de cuáles son los verdaderos pueblos originarios, si los tehuelches o los mapuches, "porque esta ley sirve para todos los pobladores carenciados, los paisanos que viven en la Región Sur".
 
Explicitó sobre el contenido de la ley en diálogo con la agencia APP que "el artículo 11 adjudica la propiedad de la tierra a sus actuales pobladores y comunidades indígenas existentes en la provincia, es decir, primero adjudicar la tierra que tienen la actual posesión. Eso es claro. El siguiente artículo dice que el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI) y la Dirección de Tierras deben efectuar investigaciones sobre la Ley de Tierras y solucionar las anormalidades. En el decreto reglamentario, en su artículo 16, se crea el Registro Provincial de Denuncias que será llevado en dos libros, uno en Ingeniero Jacobacci y otro en Viedma, para la recepción de denuncias sobre irregularidades. Esto tiene que estar funcionando así".
 
Informó además que la ley establece que "en el caso de situaciones en contra de los pobladores indígenas, el CODECI podrá dar intervención a la Fiscalía de Estado, es decir, cuando hay una situación de injusticia, una situación de despojo, automáticamente da intervención a la Fiscalía de Estado y a la justicia".
 
Dijo además que en otro artículo se fija que "el Estado provincial se compromete a solucionar situaciones de tierras insuficientes, es decir, que si una comunidad crece en número y no le alcanza las tierras para los animales, el Estado tiene que tratar de gestionarle nuevas tierras, ya sea dar tierras fiscales o hasta prevé la expropiación". (APP)
 
Texto gentileza de Agencia Periodística Patagónica,  Viedma 22 de octubre de 2009

Secretario Bloque Renovación y Desarrollo Social (REDES)
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sábado, 10 de octubre de 2009

Manso sugiere actuar con celeridad en la prevención y control del hantavirus

          Comunicación al Ministerio de Salud de Río Negro 
Beatriz Manso, legisladora del Bloque REDES, propuso al Ministerio de Salud provincial impulsar inmediatamente medidas de prevención y control de la enfermedad hantavirus, en la región andina patagónica, con el objeto de evitar fatalidades e instruir a la población en la prevención.
 
"Recientemente fue una lamentable noticia el fallecimiento de José Luis Altamirano, agente sanitario de El Bolsón, con altas probabilidades de que se trate de un nuevo caso de hantavirus" fundamentó la legisladora.
 
"Sin ánimo de alarmar es necesario que Salud Pública de la provincia coordine con los municipios de Bariloche y El Bolsón y con las instituciones educativas afectadas a la zona, los mecanismos de prevención, a fin de evitar fatalidades" propuso Manso.
 
"Sobrados antecedentes existen en la comarca andina de Bariloche y El Bolsón, cuando en 1996 fueron las localidades más afectadas por el hantavirus. "Por entonces la mortandad no fue masiva, aunque sí suficiente, ni el pánico llegó a apoderarse de una ciudad que miraba perpleja su fatalidad por televisión. Sin embargo los impactos en la economía se aproximaron a las crónicas de los diarios de la Capital Federal, en un verano que definitivamente no contó con el afluente turístico que, con una tendencia creciente, visitaba la comarca" recordó la legisladora.
 
Hay que tener en cuenta que este  virus cuando se manifiesta lo hace en los meses de cálidas temperaturas y se contrae por contacto directo con las heces u orina de los ratones de campo quienes actúan como reservorios, a través del contacto con la piel o la aspiración de saliva u orina.
 
Manso reflejó su  inquietud porque hay personas que son más vulnerables a contraer la enfermedad. Desde los agentes sanitarios, los trabajadores rurales, los niños que acostumbran a recrearse en espacios naturales,  cualquier vecino en contacto con un medio transitado por roedores, están expuestos al contacto con este virus.
 
Por otra parte la legisladora recordó que en agosto de este año su compañero de bancada el legislador Fabián Gatti presentó una iniciativa para que se instale un laboratorio virológico en El Bolsón con el propósito de agilizar los tiempos de análisis de las muestras provenientes de pacientes de la Patagonia norte. La iniciativa fue una comunicación al Parlamento Patagónico y a los Ministerios de Salud provincial y nacional.
 
"Los antecedentes de hantavirus en la comarca andina y el reciente fallecimiento del agente sanitario son razones suficientes para llevar en forma inmediata campañas educativas para prevenir el contagio. En tal sentido, las autoridades sanitarias local, regional y provincial deben intervenir para disponer medidas de prevención y control de la enfermedad", sentenció la legisladora Manso.
 

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martes, 6 de octubre de 2009

Preocupación por la venta de productos veterinarios en "polirrubros"

 
Legisladores del Bloque REDES apoyan las acciones fomentadas desde el Colegio de Veterinarios de Río Negro quien recomendó a los municipios rionegrinos regular sobre la venta de productos medicinales de uso veterinario.
 
Beatriz Manso cree oportuno informar a la comunidad que el 24 de septiembre de 2009 la Legislatura de Río Negro aprobó la Comunicación 147/2009, de autoría de los legisladores de REDES, mediante la cual le solicita al Ministerio de Salud que realice una campaña de control de productos químicos de utilización en la industria veterinaria, comercializados en locales no habilitados. Además se peticiona se coordine con los municipios acciones tendientes a erradicar esta venta ilegal.
 
Manso recordó que la comunicación se originó a propuesta del Colegio de Veterinarios de Río Negro, quien habría detectado la venta en numerosos comercios, puntualmente en locales "polirrubros", de distintos productos químicos que deberían comercializarse exclusivamente en veterinarias.
 
 "Esta situación suscitaría el manejo indiscriminado de productos por parte de comercios o personas no habilitadas con ese fin, situación que se ve legitimada por la falta de control e inspección municipal en los mismos", señaló a Manso.
 
Agregó que "en vista de los riesgos que produce su manipulación, es dable entender que estos productos deben ser manejados exclusivamente por profesionales del área debido a los efectos contraproducentes que representan su mal uso, recomendación o dosificación por parte de personas que no cuentan con conocimientos técnicos imprescindibles".
 
Comentó además que la comisión directiva del Colegio de Veterinarios denunció la falta de control y clara violación de las ordenanzas municipales correspondientes, como también el artículo 247 del Código Penal de la Nación.
 
El presidente de la entidad, Marcelo Pierini, señaló públicamente que "algunos comercios multirrubros suelen vender pipetas de garrapaticidas que las madres los emplean para combatir los piojos en los cabellos de sus hijos".
 
Describió que se suele mezclar la venta de alimentos balanceados con químicos que se usan en enfermedades, como la mosca de los cuernos o shampoo para perros que tienen fórmulas específicas.
 
"Si bien las comunicaciones de la Legislatura no obligan a los organismos a actuar en consecuencia estas significan la opinión de la misma sobre diferentes aspectos. Así, en este caso, detectada la gravedad de lo señalado por la comunicación, es imprescindible que Salud Pública actúe en consecuencia" concluyó Manso.
 

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lunes, 5 de octubre de 2009

Legisladores apoyan iniciativa educativa para Cervantes

       
Con el propósito de acompañar el proyecto "Escuela Agropecuaria para Cervantes" los legisladores del Bloque REDES emitieron una comunicación al Ministerio de Educación para que se evalúe esa posibilidad que nace en respuesta a las problemáticas específicas de esa localidad.
 
El proyecto fue laborado por el profesor Rodolfo Paniceres, actualmente director del Colegio de Educación Media 131 de Cervantes y lugar donde funcionaría la escuela agropecuaria de prosperar la iniciativa.
 
Las autoras de la comunicación son las legisladoras Beatriz Manso y Martha Ramidán (REDES),  con el acompañamiento de su par Fabián Gatti y de los legisladores María Inés García (UCR),  Martín Soria  y Silvia Horne (PJ).
 
El propósito de los legisladores de REDES es "hacer extensivo un proyecto que surge de esta voluntad comunitaria, en este caso en la localidad de Cervantes, como ya se había manifestado en la localidad de Cerro Policía y sus parajes aledaños".
 
"Hay que escribir con mayúscula la palabra PROYECTO, porque estamos hablando de iniciativas surgidas de los pobladores de Cervantes, que salieron de la posición de comodidad que supone la queja o el simple reclamo" resaltaron los parlamentarios.
 
El proyecto "Escuela Agropecuaria de Cervantes" que plantea darle al CEM Nº 131 una orientación técnica agropecuaria, surge de un conjunto de necesidades recabadas en III Taller de Objetivos y Metas organizado por la Municipalidad de dicha localidad.
 
Instancia participativa que vale la pena valorar y rescatar como modelo de análisis de problemas y gestión de soluciones", profesa los fundamentos de la comunicación.
 
 "Cuando se sancionó la Ley Provincial de Educación –2444-, el espíritu que acompañó a dicha norma planteaba una conexión irreductible entre Educación, Comunidad y Desarrollo. La Educación debía girar en torno a un proyecto de desarrollo provincial y para eso era fundamental la participación del conjunto de la comunidad en el proyecto educativo" recordaron los legisladores.
 
Contacto: Prof. Beatriz Manso – 0299 156 340 806

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viernes, 2 de octubre de 2009

Gatti relativizó la eventual creación de la "ciudad judicial" en Cipolletti

 
Sobre la intención del intendente municipal de Cipolletti para  crear una "ciudad judicial" en  el polémico lote ubicado en cercanías de las tres Facultades de la Universidad Nacional del Comahue,  el Legislador Fabián Gatti (REDES) no considera posible tal iniciativa, al menos a corto plazo.

Expresó que  "es positivo en el sentido de preservar la propiedad pública"  porque "ya no se estaría hablando de un desarrollo urbano donde se harían viviendas por ejemplo". Pero,  basado en el conocimiento que tiene del poder judicial, dado su profesión de abogado y a sabiendas de lo que le ha costado a la ciudad de Cipolletti conseguir  cada una de las Cámaras y Juzgados, la propuesta no sería viable.

"Me voy a permitir, no de dudar del intendente, me voy a permitir dudar del presupuesto del Poder Judicial. No se olviden que yo todos los años trabajo sobre el presupuesto, que me toca informar como presidente de bloque (…) el edificio de la Ciudad Judicial de Roca (…) que costó aproximadamente (…) entre 50 y 60 millones de pesos,  no lo pagó el Poder Judicial, lo pagó casi totalmente  el Ministerio de Economía por afuera del presupuesto del Poder Judicial". Atribuyó tal realidad a "la fuerza, el poder que tiene la ciudad de General Roca en el concierto de las localidades de la provincia".

Agregó que "en una provincia donde no se tiene resuelta la cuestión salarial, donde tenemos los problemas de salud que están instalados absolutamente en la mayoría de los hospitales (…) donde tenemos problemas de falta de acceso a la tierra y falta de acceso a la vivienda de la gente (…) las cuestiones de inseguridad (…) irresueltas, a mí me gustaría que cuando se hable de estas cosas se hable con seriedad y se lo voy a decir con mucho respecto a mi amigo el Dr. (Alberto) Balladini, con quien además hablo frecuentemente de estas cosas,  porque por falta de recursos, entre otras causas, estuvimos casi dos años esperando que se inaugurara un Juzgado de Familia en Cipolletti. 

"El Ministro de Economía tiene todos los meses complicaciones para reunir la plata para pagar sueldos y nos vienen a contar que van a construír una ciudad judicial… Tengo fundamento para dudar de que haya una posibilidad cierta de que  tengamos la ciudad judicial, en el contexto económico actual". 

Respecto al lugar Gatti opinó que no lo considera el mejor sitio para instalar la "ciudad judicial" si eventualmente  cambiara la historia política de la provincia y "si mañana Cipolletti tuviera los mismos 60 millones de pesos que tuvo Roca para hacer su ciudad judicial" no cree que sea ese el sitio para localizarlo.

Cabe señalar que Gatti presentó a la sociedad cipolleña el "Plan de desarrollo de hitos urbanos"  asesorado por un grupo de arquitectos jóvenes, dirigidos por Esteban Bonardo, que a manera de "disparador de ideas" proponen crear un espacio público en este polémico lote ubicado entre las calles Kennedy, Alem, Irigoyen y Río Limay, cuyo destino transita entre la creación de la ciudad judicial o la venta del mismo.

Gatti destacó que presentar el Plan es "ofrecer una mirada concreta de lo que se podría desarrollar en el último gran espacio público, casi céntrico, que nos queda en la ciudad de Cipolletti". 


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"Debe primar el sentido común"

 
Proyecto de Paritaria especial  frutícola
 
Gatti manifestó que ha recibido la adhesión al proyecto de paritaria para el sector frutícola de parte de  sectores de CAFI, de la exportación, de la Federación de Productores y de otros sectores gremiales que consideran importante avanzar en la discusión de una iniciativa de esta naturaleza.
 
El proyecto merecería  ser debatido en la Legislatura porque se corresponde con la actividad más importante de la economía regional. Cuando hay conflicto en este sector frutícola los mercados internacionales no esperan a que se resuelva y compran frutos a otros países.
 
Los gremios como  UATRE,  del Hielo o Camioneros son gremios nacionales. Desde el bloque legislativo REDES se plantea  que desde lo jurídico la cuestión es meramente procesal y no obstaculiza cuestiones de fondo, así que no habrían  obstáculos jurídicos al tema.
 
Gatti  señaló que "sí preferiría para tener el mayor grado de certeza de lo que se desarrolle en la materia, que se suscriban convenios entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Secretaría de Trabajo de Río Negro, para que la jurisdicción originaria sobre estos conflictos  podamos llevarla adelante en la provincia".
 
Esto significaría recuperar la posibilidad de trabajar sobre los temas de la actividad económica más importante, la fruticultura, la que genera 500 millones de dólares de ingresos al año.
 
Las negociaciones deberían  ser realizadas por gente de Río Negro "porque yo dificulto que un funcionario que vive en la Capital Federal o vive en Tierra del Fuego y le tocó ser funcionario del Ministerio de Trabajo, esté desde un despacho decidiendo sobre la pera, cuando tal vez  no conozca la variedades de pera y mucho menos cuando madura la pera y acierte a desarrollar la tarea tal cual la necesitamos nosotros".
 
Agregó que " de hecho yo quiero recordarles que cuando el conflicto frutícola suspendían permanentemente las reuniones, la pasaban a cuatro o cinco días después  y los productores desesperados en las chacras veían como el punto de maduración, que  exige el mercado, se pasaba  y por lo tanto perdimos millones de kilos de fruta".
 
 Cuando los gremios relacionados a la producción manifiestan que van a hacer paro en época de cosecha, el sentido común debe primar. A manera de ejemplo el legislador citó la normativa  en Chile, donde "tienen una etapa para plantear estas cosas, las discuten  y si no se resuelven  se va a un laudo, medidas  que garantizan la cosecha y demás actividades relacionadas a la fruticultura". 
 

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jueves, 1 de octubre de 2009

De Badillo (REDES)- Prensa


"Que se pierdan cien gobiernos, pero que se salven los principios"

(Hipólito Yrigoyen, 1916)
 
La reforma de la constitución provincial, que el gobierno quiere instalar en la sociedad, no es ni más ni menos que un nuevo ardid que intenta manipular la situación, generar así un testeo de posicionamiento individual y saber de esta manera como se llega a las elecciones del 2011.
 
En nuestra provincia hay  prioridades y necesidades más urgentes antes que la consolidación de una reforma. Asimismo, causa sorpresa querer avanzar con este tema a no ser que lo que se este buscando es la re reelección del actual mandatario. Nuestra provincia cuenta con una constitución de las más avanzadas y me pregunto ¿si en vez de pensar en reformar empezamos a cumplirla?
 
El gobierno provincial debería estar abocado a buscar respuestas a los problemas apremiantes como salud, educación, seguridad, trabajo, falta de recursos, la situación de los pequeños y medianos productores y la emergencia habitacional. No antepongamos decisiones erróneas y autoritarismos desconociendo al que más necesita, transitemos la provincia una y otra vez antes de abocarnos a la reforma. Una vez resuelto esto podremos generar nuevos consensos, mirar qué Río Negro queremos y ver cómo respondemos a esas necesidades.
 
La prioridad número uno ha de ser siempre trabajar por y para el pueblo generando los instrumentos necesarios que permitan consolidar cambios certeros y duraderos. Mahatma Gandhi dijo: "El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas voluntariamente; pero para eso hace falta ser humildes".
 
Jorge Badillo
Secretario General
Renovación y Desarrollo Social (REDES)
Río Negro
Tel. 0299 154 066676
 


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