jueves, 28 de mayo de 2009

Gatti respondió a pedidos de pobladores de la meseta -Prensa Leg REDES

        Gatti respondió a pedidos de pobladores de la meseta rionegrina
El Ing. Ernesto Epifanio, en representación del legislador Fabián Gatti (REDES) participó del encuentro de vecinos en Cerro Policía para manifestar el acompañamiento al pedido de elección democrática de los comisionados de fomento y para informar sobre proyectos y gestiones realizados en respuesta a requerimientos de pobladores de los parajes de la meseta.
 
Epifanio informó y dejó a disposición el proyecto de ley que fuera presentado en marzo del año pasado en el cual  se establece la elección por voto directo de los comisionados, quienes tendrán mandato por cuatro años y pueden ser reelectos. Este proyecto, a la fecha, aun no fue tratado en comisiones.
 
Por otra parte dejó documentación referida a gestiones que realizaron junto al diputado Gatti a partir de la visita el mes pasado a Cerro Policía cuando participaron de la reunión de la Mesa Interinstitucional y comprometieron su trabajo legislativo.
 
EL tendido de una red eléctrica que solucione el tema energético a los parajes de El Cuy, Cerro Policía, Aguada Guzmán y  Naupa Huén tomó forma en una comunicación al Poder Ejecutivo provincial y en respuesta a un reclamo de larga data de los habitantes de las pequeñas comunidades, muchas de ellas con riesgo a desaparecer.
 
Elevaron una comunicación a los diputados y senadores de Río Negro para que se incluya en la zona de "combustibles bonificados" a los parajes y localidades al Noroeste, Centro y Suroeste (Cañadón Chileno, Laguna Blanca, Mencué, Naupa Huén, Aguada Guzmán, Cerro Policía y El Cuy). La iniciativa de Gatti solicita la incorporación de estas localidades a la ley nacional 23966, cuyo espíritu se asienta sobre dos intereses nacionales fundamentales: la integración territorial y el asentamiento poblacional. El antecedente legislativo nacional más próximo es la propuesta por los diputados Arriaga y Nemirovsci que aun está en comisiones y no incluye a las localidades del Noroeste provincial.
 
La policía no escapa a la falta de recursos que repercute en la calidad de vida de sus uniformados, situación que quedó en evidencia en la reunión del mes pasado.  Epifanio entregó copia del Pedido de Informes realizado a  la Secretaría de Seguridad para que detalle sobre los "zepelines" que están ubicados en los destacamentos, si están en funcionamiento, modalidad administrativa de contratación del servicio de provisión de GLP, sobre los proveedores del servicio y si estos están inscriptos en la Secretaría de Energía, si las plantas de almacenamiento se encuentran habilitadas, si las redes de conexión están en regla y si las instalaciones están aseguradas.  
 
Epifanio agregó información sobre gestiones realizadas por el Bloque REDES, a principio de este año. Pedidos de informes para saber en qué situación se encuentra el convenio entre la provincia e INVAP por el desarrollo del programa de la Energía Eólica (a la fecha sin respuestas), una gestión relacionada con la reparación de un vehículo de la policía de El Cuy  y el pedido de transporte para niños de las escuelas de la zona para asistir a colonias de vacaciones fuera de la provincia, son otras de las gestiones laboradas por los legisladores de REDES.
 
"Sin una intervención urgente en las necesidades que esta zona requiere para su desarrollo, corre un serio riego de acentuarse en sus condiciones de precariedad, contradiciéndose con el gran potencial que tiene" expresó Epifanio, quien el miércoles pasado acompañó, en nombre del legislador Gatti, al pedido de los pobladores de parajes para la elección democrática de sus comisionados, reclamo que además contó con el apoyo y trabajo a futuro de la Defensora del Pueblo.
 

Secretario Bloque Renovación y Desarrollo Social (REDES)
Ing. Ernesto M. Epifanio  ernestoepifanio@hotmail.com – Tel. 02941 155 32974
Prensa y comunicación institucional
Sonia Suyay Urrutia - suyay@italopatagonicos.com.ar  Tel. 02941 154 17505 – 02941 433539

domingo, 24 de mayo de 2009

Manso destaca importante logro de la Dra. Piccinini

 

Gacetilla – Mayo 24 de 2009

 
La Legisladora Beatriz Manso expresó su felicitación a la Defensora del Pueblo, Dra. Ana Piccinini, por las gestiones realizadas ante el gobierno provincial y por el logro alcanzado al conseguir por su sugerencia  la reglamentación del Artículo 56 de la Ley 4232 que posibilita a jubildados de más de 80 años percibir el seguro de vida.
 
Manso cree oportuno recordar que una iniciativa parlamentaria de su autoría, con iguales intenciones,  ingresó en marzo de este año a la comisión de asuntos sociales y aun no ha obtenido tratamiento. 
 
 "Es un logro que la Defensora del Pueblo se haya hecho eco del reclamo de muchos jubilados de la provincia, sobre todo porque repercute en la calidad de vida de la gente. Que la sugerencia de la Dra. Piccinini encontrara una pronta respuesta, nos habla de la celeridad que cobran determinados temas cuando se peticionan desde esta institución que distan, muchas veces, de los tiempos parlamentarios".
 
El proyecto de ley presentado por Manso también crea el artículo 56 bis donde se establece el plazo de 30 días luego de la solicitud de parte del afiliado, para percibir este beneficio. La fijación de este plazo se debe a un público y notorio retardo del ente (IAPS) en pagar los seguros, siendo una responsabilidad legislativa la precisión al máximo de estos detalles, de modo tal, que la ley tenga real operatividad".
 
Es oportuno señalar que la Defensora del Pueblo anotició a la población, el 21 del corriente,  que el gobierno provincial le informó "que fue reglamentado el artículo de la ley que posibilita a los jubilados de más de 80 años percibir el seguro de vida". En otra parte de la gacetilla de la Defensoría se expresa que la Secretaría Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos provincial, informó que se emitió el Decreto  Nº 274 de fecha 20 de mayo de 2009 "por el cual se dispone la Reglamentación del Artículo 56º de la Ley Nº 4.232".
 
Entre otras consideraciones, el decreto establece que "en todas las etapas se implementará desde ahora, para aquellos afiliados de 80 años o más que padezcan enfermedad terminal, al tiempo que es importante aclarar que la percepción del seguro "anticipado" excluye al afiliado del sistema de la ley, por lo tanto los beneficiarios no tendrán derecho a percibir prestaciones por muerte, sepelio, cremación o traslado". Y finalmente, el decreto establece que "el monto del seguro será del 51 % de lo que correspondiera si se produce el fallecimiento, hasta el tope del 51 % de $ 60.000".
 

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domingo, 17 de mayo de 2009

Creación del Consejo Interinstitucional de Actuación contra la Trata de Personas

Proyecto de Ley
 
Una iniciativa tendiente a la prevención del tráfico ilícito de mujeres, niños y niñas y al fortalecimiento de las instituciones intervinientes fue promovida por la legisladora Beatriz Manso (REDES). La creación del Consejo Interinstitucional de Actuación contra la Trata de Personas será la herramienta que posibilitará abordar esta realidad  que por la complejidad y la magnitud amerita para su tratamiento un enfoque interinstitucional e interdisciplinario, garantizándose así una cobertura global del mismo.
 
La provincia podrá, mediante este Consejo, colaborar con el estado nacional, en el marco de la Ley 26.364, sancionada el año pasado y promovida por la Senadora Vilma Ibarra. La propuesta de Manso no interferirá así con el accionar federal.
 
El Consejo será competencia del Ministerio de Gobierno y tendrá a su cargo planificar y coordinar las acciones tendientes a desarrollar políticas que permitan abordar globalmente todos los aspectos y la cobertura necesarios para actuar y prevenir sobre los graves perjuicios que el delito de la Trata de Personas ocasiona en la sociedad.
 
Estará integrado por representantes del Ministerio de Gobierno, Poder Judicial, Poder Legislativo, Educación, Salud, Familia, Defensoría provincial, Ministerio Público y un integrante de una ONG vinculada a la temática.
 
Las funciones del Consejo serán promover la articulación interinstitucional entre organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil; proponer protocolos de trabajo para la prevención, asistencia y recuperación de personas víctimas de trata y sus familias; diseñar y planificar actividades de capacitación a fin de "profesionalizar" en esta temática a funcionarios públicos; elaborar programas y campañas de concientización y prevención.
 
Además, el proyecto de ley estipula que el Ministerio de Educación aplicará contenidos curriculares que aborden la temática y su prevención en todos niveles de educación, lo que implicará la capacitación a los docentes impartida por especialistas e instituciones relacionados a la problemática.
  
En cuanto al financiamiento del Consejo Interinstitucional de Actuación contra la Trata de Personas la normativa prevé las partidas asignadas en el presupuesto provincial, fondos de Organismos Internacionales, donaciones y acciones promovidas por el Consejo.
 
Manso señaló que "la provincia de Río Negro no es ajena a esta realidad, con cierta periodicidad se conocen, a través de medios periodísticos, situaciones ocurridas y que ocurren en distintos puntos de la provincia (Choele Choel, Catriel, Sierra Grande, San Antonio Oeste y General Roca) que revelan claramente la presencia de redes delictivas que operan para la trata de personas, evidenciado que nuestra provincia ha dejado de ser un lugar de tránsito para pasar a ser un circuito más de Trata Interna. Lo que motivó a que instituciones, como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo de la provincia, hayan tomado intervención para el esclarecimiento de estos hechos que hoy se encuentran en proceso de investigación".
 
Y agregó que "en vista de la naturaleza del problema de la trata y de los delitos que conlleva, todo trabajo conjunto de lucha contra el mismo fortalece el alcance de los objetivos. Disponer medidas de prevención permite salvaguardar a la sociedad de consecuencias más graves y difícilmente recuperables."
 

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Manso: "Evitar el criterio utilitario de la infancia en época electoral"

 
"Propongo que de manera consciente los aspirantes a posiciones políticas no usen en sus propagandas voces, rostros ni la participación personal de niñas, niños y adolescentes" instó la legisladora Beatriz Manso (REDES) en un proyecto de ley presentado recientemente.
 
Utilizar a menores de 18 años en época electoral "constituye una flagrante violación a sus derechos. No solamente porque evidencia la ausencia de interés real en los problemas que a ellos aquejan, sino también porque a menudo se los presenta en situaciones cercanas al ridículo, lesionando su autoestima", argumentó la parlamentaria.
 
Además, la exposición de menores en las campañas proselitistas, en cualquier soporte, "va más allá de una técnica publicitaria o marketing electoral. Es expresión de una cultura del manoseo de la sensibilidad humana (…)  que reproducen esquemas utilitaristas de las emociones de las personas".  Y agregó que "cuando un niño o adolescente aparece en un aviso publicitario haciendo campaña en apoyo a un candidato no ha sido tomada en cuenta su propia opinión, sino mas bien representa lo que el candidato quiere decirle al pueblo".
 
La propuesta legislativa propone la modificación del artículo 88 de la Ley provincial 2431 de Código Electoral y de Partidos Políticos.
 
Manso llamó a la reflexión e invitó a los partidos y a sus candidatos a considerar en sus agendas el debate sobre los derechos, propuestas y necesidades de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y considerar a las campañas electorales como vehículos expositivos de los temas vinculantes.
 
Muchas gracias por la difusión
Contacto:  Leg. Beatriz Manso – 0299 156 340 806

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miércoles, 13 de mayo de 2009

No se está garantizando el cumplimento del programa "garrafa social"

Comunicación  a la Secretaría de Energía de Nación
Una iniciativa parlamentaria fue presentada por la legisladora Beatriz Manso (REDES) a fin de solicitar una revisión a la ley que regula la industria y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), especialmente en lo que refiere al gas envasado en cilindros y garrafas, destinados a satisfacer necesidades básicas de miles de personas que habitan en la provincia y que se corresponden en su mayoría a sectores vulnerables o carentes del servicio de gas en red.  
 
La ley referida por Manso, la 26020 del año 2005, estaría incurriendo en un trato desigual de los proveedores de GLP en cuanto la normativa lleva a monopolizar el servicio entre aquellos que se puedan encuadrar en los requerimientos de la Secretaría de Energía de Nación. Y por tanto, el producto no respeta el precio establecido por nación, ni se garantiza que llegue en tiempo y forma a los usuarios.
 
La comunicación presentada por Manso a la Secretaría de Energía solicita una "rectificación" a la reglamentación de dicha ley "atento a que la actual reglamentación se torna inoperativa en los aspectos más relevantes como el sancionatorio, el sistema de acceso abierto para la actividad de almacenaje y la contratación de seguros obligatorios en cada etapa de comercialización, imposibilitando de esta manera, la aplicabilidad de la misma en los ámbitos provinciales de nuestro país."
 
"Si entendemos que la ley debe garantizar el suministro regular, confiable y económico del gas envasado a sectores sociales de escasos recursos, muy especialmente, entonces estamos ante una falla en la aplicación de la normativa", dijo la legisladora.
 
Manso cita lo expuesto por la Auditoría General de la Nación quien informa falencias en la aplicación de la normativa principal. Entre los puntos señalados por el órgano de control externo se mencionan la no implementación del Fondo Fiduciario (para atender el consumo residencial de GLP envasado para usuarios de bajos recursos y para la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas por redes de gas natural),  ni del sistema de almacenaje. Tampoco se concretó garantizar el funcionamiento de centros de atención al consumidor, políticas de contralor para el seguimiento de los precios de referencia y la creación de un Registro de envases de GLP. Además no se cumplieron con los mecanismos de transferencias transparentes del producto entre sus diferentes etapas de producción y comercialización.
 
En el caso de Río Negro, la ley Provincial 3949, establecía el Programa Garrafa Social, y fue implementada parcialmente. La misma se fue prorrogando desde el 2004 hasta el año pasado. Actualmente dicha normativa perdió vigencia y el único marco regulatorio de la "garrafa social" es la adhesión al Decreto Nacional del año pasado, la cual fue aprobada. Así, la provincia adhirió al  "acuerdo de estabilidad de precios del gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos de capacidad, suscripto por la Secretaría de Energía de la Nación con empresas productoras y fraccionadoras de gas licuado de petróleo en fecha 19 de septiembre de 2008 con alcance hasta el día 1 de diciembre de 2009".
 
Finalmente Manso señala  que "según la Ley, el Poder Ejecutivo Nacional debería haber reglamentado la constitución y funcionamiento del Fondo, arbitrando los medios para que la operatoria del mismo tenga la mayor transparencia y eficiencia en el funcionamiento de la garrafa social. De esta forma, quedarían sorteadas las asimetrías de precios entre los consumidores de gas natural y los de gas licuado de petróleo. A lo largo y ancho del territorio nacional es posible comprobar precios diferenciales del GLP generados por los contextos de una Argentina desigual respecto a los desarrollos relativos de sus regiones."
 
Informe de la AGN: http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2008/2008_021.PDF

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martes, 5 de mayo de 2009

Legisladores quieren garantizar el acceso a la información ambiental oficial y privada

   
Legisladores de REDES propusieron que la provincia de Río Negro adhiera a la Ley Nacional Nº 25.831, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encuentre en poder del Estado nacional, provincial y municipal, entes autárquicos y empresas prestadoras públicas, privadas o mixtas de servicios.
 
Beatriz Manso, Fabián Gatti y Martha Ramidán propiciaron además que la autoridad de aplicación de la futura ley sea el Ministerio de Producción, a través del Consejo de Ecología y Medio Ambiente.
 
Los legisladores advirtieron que desde el fenómeno de la globalización "el medio ambiente viene siendo avasallado por la acción del hombre, que prioriza su bienestar a corto plazo, por encima de su futuro a largo plazo y el de sus descendientes" y señalaron que "esa acción trae como consecuencia graves problemas ambientales, obviamente, originados por el propio sistema económico, político y social".   
 
Describieron que Río Negro ha sancionado la Ley 2599, que regula toda actividad sanitaria, pública o privada, cuyo desenvolvimiento implique la producción de residuos o desechos de cualquier especie, susceptibles de representar un peligro para la seguridad, salubridad o higiene de la población de la localidad en que se desarrolla, para sus características patológicas o contaminantes.
 
También fue aprobada la Ley 2472, de residuos peligrosos que prohíbe el ingreso, transporte, trasbordo, traslado o almacenamiento, permanente o transitorio en el territorio de Río Negro y su mar jurisdiccional de residuos radioactivos y de desechos de todo tipo.
 
No obstante, aseguraron que "la protección al  medio ambiente en nuestra provincia tiene sus asignaturas pendientes y tiene que ver específicamente con la participación de todos los ciudadanos interesados, cualquiera sea su nivel de participación en la sociedad".
 
Finalmente, estimaron necesario como complemento de las leyes vigentes "contar con una norma que posibilite al ciudadano el libre acceso a la información ambiental y sea el marco que en el futuro nos permita regular la misma".   (Fuente: Prensa Legislatura de Río Negro)
 

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sábado, 2 de mayo de 2009

Gatti y Epifanio se reunieron con pobladores de la meseta

 
Invitados por la Mesa Coordinadora Interinstitucional de la comunidad de Cerro Policía y pobladores de Naupa Huen, Aguada Guzmán, El Cuy y Mencué, el legislador Fabián Gatti  (REDES) y el Ing. Ernesto Epifanio (Secretario)  dialogaron acerca de una serie de problemáticas comunes a esos pequeños poblados de la meseta rionegrina.
 
Inclemencias del tiempo, mal estado de los caminos, falta de telefonía, energía generada con motores a combustible, escasez de agua potable, servicios deficientes de salud y seguridad, son factores comunes que generan incertidumbre a futuro, especialmente en lo que a la contención de jóvenes se refiere .  Avanzar en algunos aspectos evitaría que estos parajes desaparezcan.
 
Relacionado a la educación, en una nota dirigida al legislador, los pobladores  bregan por la apertura de un colegio secundario con orientación agrícola ganadera. En la misma expresan que  "se está haciendo cada vez más amplia la brecha entre población vieja, que se queda,  y la población joven que debe emigrar. Esto repercute en forma negativa en nuestra escuela primaria ya que al no haber asentamientos de familias jóvenes la matrícula de alumnos se ve reducida de manera alarmante. Año tras año vemos como decrece la recepción de alumnos de nivel inicial y primario".
 
Los pobladores señalan además que este pedido tiene, entre otros objetivos, "frenar el desarraigo, la desintegración familiar y evitar cinturones de pobreza que se ven en constante aumento en zonas urbanas, lo que en ocasiones trae aparejado un incremento de la delincuencia".
 
Gatti y Epifanio se comprometieron a gestionar algunos reclamos efectuados por los vecinos de esa región y ofrecieron ayuda para desarrollar un sistema educativo acorde a su idiosincrasia.
 
Por otra parte fueron invitados a participar en la reunión del 27 de mayo próximo en donde la Mesa Interinstitucional y pobladores de Parajes de la zona tratarán el pedido de elección "democrática" de los comisionados.
 

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"La Universidad hace gala de desconocimiento jurídico"

         Comunicación a la UNComa por caso Pandolfi:  
El Legislador Fabián Gatti (REDES) solicitó mediante una comunicación al Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa) que "revoque en su próxima sesión extraordinaria la decisión por la cual negó la designación del Dr. Oscar Pandolfi como Profesor Consulto de esa casa de Altos Estudios".
 
La semana pasada trascendió en los medios provinciales que el Consejo Superior de la UNComa revocó su designación, con el argumento de que al ejercer su profesión de abogado, defiende "en forma sistemática" a personas acusadas de cometer violaciones.
 
Esta Casa de Estudios no puede "emitir un acto que conlleve la estigmatización y marginación de un profesional cuya labor implica un rol ejemplar en la salvaguarda de la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, donde el principio de inocencia es pilar fundamental de un Estado de Derecho Democrático y con Imperio de los Derechos Humanos", fundamentó Gatti.
 
En la comunicación se citan:  las disposiciones del Artículo 18 de la Constitución; Artículo 11.1 de la Declaración Universal de la Derecho Humanos; Artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) entre otros, en cuyo mérito "...no puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable...", como que "...la presunción de inocencia, implica el derecho de ser tratado de conformidad con este principio...", de modo que "...todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso..." (así lo tiene dicho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas).
 
Es precisamente por ser la función del abogado insoslayable para la vigencia de tal principio, que la actuación del Dr. Pandolfi  encuentra reforzada protección en el ámbito del Derecho Internacional, conforme resulta de los "Principios Básicos sobre la Función de los Abogados", aprobados por el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y tratamiento del Delincuente, celebrado en la Habana Cuba en 1990, donde se dispone que los gobiernos se hallan obligados a garantizar "...que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas...; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otros índole, a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión..." (Art 16); que  "...cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada..." (Art 17); y que "...los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones..." (Art 18).
"Parece paradójico pero por lo visto necesario en las actuales circunstancias, recordar a la máxima autoridad de la UNComa la vigencia, validez y jerarquía de tales postulados, más aún cuando la decisión en cuestión concierne a la sede donde se forma y habilita a los profesionales llamados a velar precisamente por esos principios", agregó el legislador.
 
 "Es nuestro deber como Legisladores provinciales desterrar esa visión utilitarista del derecho que supone que para alcanzar la felicidad de la comunidad, es un imperativo sacrificar los derechos y garantías de unos pocos (que suelen ser muchos). La operación de criminalización y etiquetamiento, encubre de alguna manera estos supuestos utilitaristas, del sacrificio y la expiación de los males de la sociedad en la figura de los potenciales culpables, detrás de ciertos ropajes de moralidad."
 
Muchas gracias por la difusión
Contacto: Dr. Fabián Gatti - 0299 156 340 806

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