Abel Navarrete preside Redes Cipolletti

 

 

El partido provincial Renovación y Desarrollo Social (Redes), mesa Cipolletti, proclamó a Abel Navarrete como Presidente de esa fuerza.

 

El  Legislador Fabián Gatti,  máximo dirigente provincial de Redes,  destacó la figura de Navarrete y lo definió como un “referente permanente de las realidades sociales que nutren constantemente nuestro andar en pos de una política con y para la gente.”

 

El dirigente cipoleño tiene amplia trayectoria barrial y desde la fuerza política sostienen que es meritorio el espacio que ocupa  ya que sabe interpretar las necesidades de la comunidad.

 

Sobre el escenario social local  Navarrete opinó que “así como la vida nos cambia a cada paso, nosotros debemos estar preparados para entender e interpretar que la realidad social comunitaria no es una postal que podamos mirar desde el resguardo de ningún despacho”.

 

El  flamante presidente destacó la excelente elección que realizó el  intendente electo Abel Baratti y adelantó que el programa de gestión será activamente acompañado por Redes.

 

Agregó que dentro del contexto provincial Redes es una fuerza partidaria conducida por Gatti y augura   un excelente desempeño de gente de su partido dentro del nuevo programa gubernamental.

 

Legisladores de Redes proponen modificación al Código Electoral

 

 

Con el fin de garantizar la igualdad y la transparencia en la competencia de las fuerzas partidarias los legisladores provinciales Fabián Gatti, Beatriz Manso y Martha Ramidán presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 90 bis de la Ley O 2431, del Código Electoral y de Partidos Políticos.

 

Los parlamentarios del bloque Renovación y Desarrollo Social (Redes) establecen que “durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivo”.

 

Además, “queda prohibido durante los treinta (30) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones, la realización de actos inaugurales de obras públicas, la entrega de subsidios y/o becas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno” que pueda seducir al electorado a favor de alguno de los candidatos.

 

Los legisladores expresaron que la iniciativa “da respuesta a una necesidad institucional de madurez y equidad en la competencia de partidos, socavada muchas veces por los desequilibrios que produce el uso de recursos públicos”.

 

Normar sobre este aspecto es revertir la “ley del vale todo”, es decir dotar de salud a las instituciones y evitar que el Estado siga siendo “una burbuja que se aleja paulatinamente de las necesidades comunitarias”.

 

Gatti, Manso y Ramidán loaron la Ley nacional 26571, de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, lo cual marca un rumbo en la materia.

 

Evaluaron que el Código Electoral rionegrino es “arcaico” en algunos aspectos, como lo es la ausencia de la “segunda vuelta” y por permitir que la jactancia “esperen que se ponga en marcha el aparato” sea una manera de “contribuir a la pérdida de credibilidad en las instituciones del Estado y la negación de la política como herramienta fundamental para organizar, con criterios de justicia, las sociedades.”

Gatti: "Al Juicio Político lo firmé yo, no Soria"

 

El Legislador Fabián Gatti se expresó respecto de las recientes declaraciones del gobernador electo Carlos Soria manifestando que “comparto plenamente lo dicho por Soria, a la denuncia penal y al Juicio Político lo firmé yo, y no por cuenta y orden de alguien, sino bajo la firme convicción de estar articulando los mecanismos constitucionalmente previstos para salvaguardar el prestigio de las instituciones de la república”. Enfatizó: “precisamente aquellas instituciones a las que algunos irresponsables han degradado con su complicidad y vergonzosa funcionalidad al gobierno que mayor cantidad de denuncias de corrupción y causas judiciales acumuló en todo el periodo democrático”.

En otro orden de ideas el legislador cipoleño advirtió respecto de lo que denominó una “interesada defensa” por parte de abogados y funcionarios judiciales que días atrás habrían cuestionado las denuncias presentadas por él. En este sentido, el Presidente del Bloque Redes advirtió que “por estas horas se están produciendo interesadas defensas por parte de aquellos que hasta podrían quedar involucrados en la denuncia penal que presentara días atrás. Por eso entiendo que a las cosas hay que tomarlas como de quien vienen, máxime cuando quienes hablan podrían quedar imputados en la misma causa”.-

En cuanto a la posición sustentada por la abogada roquense Maria Gabriela Lastreto, expresó que “cuando la sociedad está pidiendo a gritos un cambio profundo, resulta al menos llamativo que sea esta voz en solitario la que salga a defender a un STJ que lo único que hizo fue desprestigiar a la Justicia en su conjunto.” Finalmente el legislador cipoleño les recomendó la atenta lectura del artículo 28 de la Ley P Nº 3847 que textualmente reza: “...Las partes podrán asistir con patrocinio de Defensores Oficiales. A tal efecto los CEJUME confeccionarán semestralmente un listado de Defensores ad-hoc, cuya remuneración será equivalente a dos (2) MED por cada causa en la que intervengan.”

 

Causa mediadores: Hablan de advertencias no escuchadas por el STJ

Fuente:  Agencia de Noticias (ADN) Río Negro

                

Bariloche (ADN).- La denuncia penal contra los jueces del Superior Tribunal de Justicia por presuntas irregularidades en el pago de remuneraciones a mediadores rentados por el Poder Judicial tuvo su origen en la advertencia del director del Centro Judicial de Mediación de Bariloche, Aldo Yunes quien en 2010 elevó sendas notas planteando un proceder irregular en el pago de mediadores sin obtener respuesta de las autoridades del Poder Judicial a quienes en octubre de este año denunció formalmente por no respetar la Constitución ni las leyes vigentes.

 

La III Circunscripción Judicial hasta julio de 2010 no pagó nada a los mediadores debido a estar acogidos en el régimen de voluntarios y sólo erogó 20.343 pesos en concepto de defensores Ad Hoc que según fija la norma debían percibir dos MED (unidad de medida para abonar mediación). La diferencia abismal con las erogaciones de General Roca (1,1 millones de pesos), Viedma (723.000 pesos), Cipolletti (687.000 pesos) desató la advertencia de un proceder erróneo en la liquidación de los servicios de mediación.

 

La denuncia penal contra los jueces del STJ por los delitos de administración infiel, fraude a la administración, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público fue presentada la semana pasada por el legislador Fabián Gatti, pero es obvio que tiene su inicio en la advertencia realizada por el director del CEJUME de Bariloche, Aldo Yunes.

 

El funcionario judicial describió que ante la omisión de atender su advertencia por parte de las autoridades del Poder Judicial el 17 de octubre de este año presentó una “formal denuncia contra el Poder Judicial, fundada en la ley provincial 2938 (Ley de Procedimiento Administrativo) en los términos de los artículos 1, 83, 86 y 87 por acción de petición de cese de anomalía vincular amparado por la Constitución de Río Negro y por la Ley Orgánica del Poder Judicial Provincial”, consta en documentación exhibida por Yunes a ADN.

 

La denuncia (de Yunes) se encuentra en análisis en el STJ sin resolución hasta el momento. Posteriormente se radicó la denuncia penal realizada por Gatti que toma como eje de la presentación la advertencia realizada por el funcionario judicial de Bariloche

 

Las advertencias

 

Según relató Yunes a ADN el 7 de junio de 2010 manifiesta por primera vez la situación errónea de liquidación de mediadores en General Roca, Cipolletti y Viedma, atento a que en Bariloche hasta el momento sólo existía un listado de mediadores voluntarios sin remuneración alguna y que luego pasaron a cobrar un mínimo de mediaciones rentadas por el Poder Judicial aunque manteniendo otras ad honorem.

 

La advertencia del funcionario –que asumió como director del CEJUME por concurso en enero de 2008- fue elevada al Superintendente de la II Circunscripción, Luis Lutz, la secretaria del STJ, Stella Maris Latorre y la directora de Métodos de Resolución Alternativa de Conflictos (DiMARC) Norah Aguirre, superior directa de los Centros de Mediación.

 

Luego en una presentación más extensa pidió que se “avoque a su revisión el método en las otras circunscripciones” y solicitó instrucciones a la DiMARC respecto del importe correcto a certificar de honorarios debido a que ante el pedido de mediadores de la III Circunscripción se iba a comenzar a implementar el servicio de mediadores rentados por el Poder Judicial y la respuesta fue que se proceda al igual que en otras circunscripciones regulando honorarios “de la misma manera que si fuera rentado común”.

 

El CEJUME local comienza el pago de honorarios aplicando la Ley 3847 y la acordada 11/04 que fija el honorario de la mediación en dos sistemas MED ($ 107,25 cada uno) y paralelamente por iniciativa del vocal Luis Lutz da intervención de la situación advertida a la Administración General y Contaduría General por lo cual se origina un expediente en el STJ (SS  210-0129      ).

 

Yunes –a pedido de Lutz- elaboró un informe detallado con la situación con la diferencia de montos que se abonaron en cada Circunscripción y con la metodología de pago dispuesta por normativa con el objetivo de ser presentado ante los miembros del STJ pero nunca se concretó la audiencia para llevar a cabo esta presentación y además en una reunión de organismos de métodos alternativos de resolución de conflictos del 2 de agosto en General Roca se incorporó en el temario para ser tratado y se omitió al desarrollarse el encuentro.

 

Mediaciones rentadas

 

En la III Circunscripción actualmente se abonan 2 MED por cada servicio de mediación, otorgándose un mínimo de entre uno y dos casos mensuales a cada abogado mediador, que toma los casos mediante un listado por orden de aparición sin otorgar más casos a un mediador que otro. Se mantiene además el servicio voluntario que deben prestar todos los mediadores al menos una vez.

 

Aún con el pago de 2 MED por servicio de mediación en Bariloche (que se efectúa en la actualidad) la diferencia de honorarios pagos por el Poder Judicial con las otras tres circunscripciones sigue siendo amplia, según estimó Yunes quien evaluó un gasto aproximado por honorarios certificados de unos 50.000 pesos.

 

La comparación al primer semestre de 2010 (incluyendo 2008 y 2009 completos) establecía que en Bariloche se pagaron 20.343 pesos por el concepto de defensores Ad Hoc y 0 peso por mediadores; mientras que en ambos conceptos en Roca se abonaron 1.144.000 pesos, en Viedma 723.000 pesos y en Cipolletti 687.000 pesos.

 

La diferencia se hace notoria además al contabilizar el porcentual de mediaciones rentadas por el Poder Judicial antes del primer semestre de 2010 que en Bariloche ascendían a 0%, mientras que en Viedma llegaban al 74%, en General Roca el 75% y en Cipolletti el 79%.(ADN)

Gatti recordó que el juicio político a los jueces está establecido en la constitución y es "patético" que Balladini y Sodero Nievas "corren a cobijarse bajo las polleras de la Junta Federal de Cortes"

 

 

 

El legislador Fabián Gatti dijo que “asombra” que la Junta Federal de Cortes hable de persecución a los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por impulsar el juicio político. “Yo tendría que pensar que los que ocupan un lugar en la magistratura están exentos de cumplir con la constitución; están exentos de juicios que la propia constitución establece”, aseveró. Indicó a la agencia APP que “realmente es patético que jueces que presumen de haber cumplido acabadamente con su tarea, cuando aparece toda esta cuestión del juicio político y la denuncia penal corren a cobijarse bajo las polleras de la Junta Federal de Cortes, en vez de asumir su responsabilidad, plantarse frente a la comunidad, dar explicaciones y en todo caso, si las explicaciones son suficientes y la Legislatura determina su absolución, se irán a su casa con la frente alta”.

 

Gatti dijo que el juicio político es un procedimiento constitucional que se desarrolla en el ámbito de la Legislatura e ironizó que con el comunicado de la Junta Federal de Cortes “podría concluir que hay intención de violentar las facultades que tiene el parlamento”.

 

“Podría argumentar exactamente lo contrario, que hay presión del Poder Judicial al Poder Legislativo”, aseveró.

 

Enfatizó en diálogo con la agencia APP que “hacer un juicio político no es una persecución, es tratar de despejar la paja del trigo y ver si una persona ha tenido o no mal desempeño; permitir que quien esté imputado de determinadas causales pueda ejercer el derecho de defensa”.

 

Dijo que así como hay que defender la independencia del Poder Judicial del resto de los poderes, “también el resto de los poderes tienen todo el derecho del mundo, y en este caso la Legislatura, a ejercer su jurisdicción que la tiene establecida en la constitución respecto de los jueces que están acusados de mal desempeño”.

 

Aseveró que “ninguna Junta Federal de Cortes puede intervenir o intentar presionar a los legisladores para que no lleven adelante el juicio político” y agregó que de esta manera se desprestigia.

 

Gatti reflexionó que “el prestigio se gana defendiendo a los prestigiosos, no a los que están acusados para evitar que sean juzgados”.

 

Expresó a la agencia APP que Balladini y Sodero Nievas han tratado de buscar de esta manera “algún tipo de protección”.

 

Sobre la nota remitida por la Junta Federal de Cortes a la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, solicitando "la urgente convocatoria de la Comisión Nacional de Independencia Judicial", expresó Gatti que “la conozco a la doctora Highton porque he sido alumno de ella, sé que es una persona honesta, una persona de bien, no llegó a la Corte de casualidad y entiendo que así como todos defendemos la independencia de la justicia, también defendemos la independencia de la Legislatura para tomar decisiones en relación a jueces a los cuales la constitución habilita que se les haga juicio político para analizar sus conductas”. (APP)