Por: Dr. Fabián Gatti
Es plausible que el Ministerio Público esté a favor de la reforma al sistema de enjuiciamiento penal, aunque consideramos que es más importante que se asuma que esta reforma no puede ser una “adaptación” de lo existente sino que exige de la justicia penal un cambio rotundo, en función a que nuestro procedimiento actual ha sido declarado inconstitucional. Si bien es confuso que exista un consejo de Defensores y Fiscales, como si ambos tuvieran algo en común, a partir de que la lógica indica que la acusación y la defensa son dos cuestiones bien diferenciadas, celebramos que ese Consejo apoye la reforma procesal, como no podría ser de otra manera.
Coincidimos también en la necesidad de generar una amplia participación, cuestión que a través de la comisión que integramos, se ha intentado canalizar a través de la invitación a participar en la Comisión al propio Ministerio Público y, adicionalmente, a través de la realización de actividades abiertas de discusión y difusión de la reforma, como la llevada a cabo en la ciudad de Bariloche durante el mes de abril actividad en la que, pese a haber sido invitados con el tiempo debido y tratarse de un seminario de carácter gratuito, la participación de funcionarios judiciales - específicamente de fiscales y defensores - fue, por decir lo menos, escasa.
En lo que respecta al juicio por jurados, encontramos confusa la afirmación sobre “asimilar el sistema acusatorio con el juicio por jurados” ya que no ha sido en ningún momento puesto en esos términos por la Comisión.
Sí es claro que la decisión que viene sosteniéndose en cuanto al diseño normativo incorpora el juicio por jurados, no sólo por considerarlo una opción adecuada al momento histórico y la necesidad de cambio sino por ser una manda constitucional desde 1853 hasta la fecha incumplida por la mayoría de las legislaciones provinciales, como así también en la legislación federal.
En cuanto a la preocupación por los pactos internacionales, debo recordarles que dichos instrumentos establecen estándares y no reglas taxativas y, en ese contexto, muchos países de la región cuentan con diversas modalidades de juicio por jurados que van desde el modelo puro al escabinado y no han sido denunciados por incumplir los pactos: Canadá, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Brasil, Bolivia y, sin ir más lejos, Córdoba en nuestro país; también se discute en la actualidad la incorporación del juicio por jurados en las provincias de Chubut y Neuquén y desde hace varios años se han presentado proyectos para establecer una ley marco de juicio por jurados a nivel nacional, por lo que, a lo menos, consideramos que el tema debe ser debatido seriamente, sin apelaciones a falacias de autoridad.
No compartimos la opinión del consejo de “Defensores y Fiscales”, el que sin muchos fundamentos se opone al juicio por jurados, cuando justamente es la sociedad quien reclama participación en la administración de justicia, insistiendo en la democratización de la justicia, cuando pareciera ser el último bastión de la aristocracia que pretende impartir justicia desde el hermetismo y la cerrazón a que están acostumbrados.
La sociedad es quien delegó en los funcionarios judiciales, el poder de administrar justicia y es hoy el mismo cuerpo social quien quiere recuperar ese poder, justamente por las falencias de aquellos que no supieron brindar un adecuado servicio de justicia. Y si hay algo en que han de coincidir Fiscales y Defensores, es que con éste sistema, pese a los esfuerzos particulares, ambos han fracasado en sus respectivos roles.
En cuanto a la vinculación del trabajo de la Comisión con el voto del Juez Zaffaroni en el caso Sandoval, también consideramos que lo expuesto en el comunicado conduce a la confusión, ya que en ningún momento se ha pretendido establecer que Zaffaroni ha mandado a instalar el juicio por jurados en Río Negro. Lo que sí resulta claro es que, como se ha indicado párrafos arriba, a partir de caso Sandoval la provincia está llamada a una transformación en su proceso penal, que establezca un modelo acusatorio y, dentro de esa transformación, consideramos perfectamente legítimo discutir la necesidad de instalar el juicio por jurados. Como también resulta legítimo discutir el rol que el Ministerio Público debe asumir en la reforma, pasando de ser un dador de fe a convertirse en un verdadero representante de los intereses de la sociedad en la persecución penal; o la organización que deben tener los jueces, abandonando la lógica de “un juzgado un mundo” e integrándose en un trabajo colectivo y eficiente para la ciudadanía; o los derechos propios del imputado y la víctima, protagonistas esenciales del drama penal y, lamentablemente, olvidados en la generalidad de los casos.
Finalmente resulta extraño que el Consejo de Fiscales y Defensores manifieste que ha decidido plantear estas cuestiones en la Legislatura como si los organismos que lo integran no hubiesen sido convocados a formar parte de la Comisión, o se los hubiese dejado fuera de las actividades que se realizan en el marco de la reforma, a las que permanentemente han sido convocados.
En todo caso, saludo energéticamente el cambio de voluntad de estas instituciones y esperamos poder tener, a partir de ahora, un diálogo fructífero y constructivo para la mejora de la justicia de nuestra provincia, que - creemos - es el objetivo de todos."
*Dr. Fabián Gatti
Legislador de Río Negro
Bloque Renovación y Desarrollo Social
Integrante de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de Río Negro
Cipolletti, mayo 18 de 2011
