Martha Ramidán, parlamentaria rionegrina del Bloque Redes, solicitó al Ministerio de Familia que “arbitre los medios necesarios a los fines de considerar la necesidad de que el Consejo Provincial del Discapacitado sea elevado con rango de Secretaría de Estado.”
La intención legislativa tiene sus antecedentes en un pedido de organizaciones no gubernamentales provinciales, quienes desde hace un tiempo vienen laborando sobre los alcances de la Ley provincial D2055. En tal sentido la parlamentaria hizo hincapié en el proyecto de ley, presentado el año pasado, para modificar algunos artículos de la citada norma y dijo que “para ello se debe dar el rango de Secretaria de Estado”.
La comunicación que presentó Ramidán recientemente tiene por objetivos lograr mayor competitividad e institucionalidad del Consejo Provincial de Discapacidad, en función del establecimiento de mecanismos que agilicen el proceso de toma de decisiones y su consiguiente ejecución.
Para ello la legisladora, del bloque que preside Fabián Gatti, explicó que “surge la necesidad de que el Consejo sea elevado a rango de Secretaría de Estado provincial, dependiente del Ministerio de Familia, en aras de adquirir mayor autonomía funcional y autárquica, dado que no dependerá directamente de una instancia intermedia en la relación con el Poder Ejecutivo, sino de éste mismo”.
Sostuvo que “de este modo, se evita que las decisiones intrínsecamente relacionadas al organismo en la materia, tengan que afrontar, como diariamente sucede, el circuito burocrático-institucional que lleva a la resolución de la autoridad ministerial.”
Éste nuevo esquema de trabajo comportará, primordialmente, evitar la congestión de resolución de situaciones particulares, frente a la necesidad de respuestas inmediatas e inminentes, a fin de efectivizar operativamente las decisiones.
Ramidán opinó que “el rango de Secretaría de Estado complementará las funciones y competencias preexistentes del órgano, además de adquirir las propias de ésta nueva categoría, coadyuvando al mayor refrendo institucional de las decisiones que se tomen en la materia”.
