Proyecto de comunicación al Ministerio de Salud Pública
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Ante “situaciones de riesgo sanitario” se debe “extremar en escala de intensidad los procedimientos de detección de calidad de fabricación, regulación y control de la actividad farmacéutica, ópticas, laboratorios productores de medicamentos, droguerías y laboratorios elaboradores de cosmética tanto pública como privada”. Por ello los legisladores Martha Ramidán, Fabián Gatti y Beatriz Manso (FD) presentaron una comunicación al Ministerio de Salud Pública para que se implemente el Protocolo de funcionamiento de productos para la salud y expresaron que “la política provincial debe trabajar en pilares como: uso racional de medicamentos e inversión, producción, abastecimiento, fármaco vigilancia y regulación/ control”.
Además, los diputados solicitaron que “dicho Protocolo incluya y contribuya a una eficaz coordinación con el organismo central ANMAT-Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica –en concurrencia con el área de su dependencia INAME -Instituto Nacional de Medicamentos-“.
Los protocolos son un conjunto de recomendaciones e instrucciones que actúan de guía rápida y eficiente tanto en la producción, cadena de comercialización y distribución, de los lotes de productos que llegan al consumidor. Así, en el caso de medicamentos, se puede controlar y actualizar la Farmacopea Nacional –ANMAT- en interconexión con el área de inspección –INAME- y detectar medicamentos adulterados, vencidos, no comercializados o de contrabando y e consecuencia retirar de inmediato del mercado de la salud el producto en cuestión.
Los legisladores manifestaron que “el camino hacia la mejora de los servicios sanitarios debe encontrarse mediante una política expresamente diseñada y no ser una simple defensa de los miembros de la comunidad contra la enfermedad. En otras palabras, se debe lograr la movilización ordenada de los recursos de forma que se obtenga una optimización de los mismos mediante una estrategia programada con la sociedad”.
Antecedentes:
En la comunicación los legisladores citaron que “en la provincia de Río Negro, aconteció el denominado caso “Yectafer”, con fecha 23/12/2004, en el que perdió la vida Verónica Díaz, tras haber recibido una inyección falsificada de Yectafer Sorbitex 5% (conteniendo el triple de hierro del debido -Lote 03100718-) al verse afectada por una anemia ferropénica - falta de hierro -. No fue el único caso ya que dos mujeres más murieron por ingerir Yectafer falsificado y hubo más de 30 afectadas de todo el país. Por la causa se ordenó el procesamiento del presidente de la droguería Quimbel S.A., firma que comercializó la inyección de Yectafer presuntamente falsificada, pero no habría sido fabricado por el laboratorio Astra Zeneca, sino por otro, no autorizado o prescripto por personal no habilitado de algún establecimiento interviniente en el circuito comercial.”
En los fundamentos agregaron que “el ANMAT prohibió a nivel nacional el uso y comercialización de Yectafer (Disposición Nº 7917/04), después de transcurrido un mes y medio de acontecer el segundo caso (...), luego de una inspección realizada en el Laboratorio GAVAZZA de la Ciudad de Bahía Blanca. El cotejo de la caja, las ampollas y la cuneta arrojó diferencias a simple vista, respecto del original. Del expediente surge que el producto tenía 342.6% más de hierro que el debido, que se disimuló la compra ilegal con facturas apócrifas de un laboratorio (de firma inexistente), y la tipificación del delito de comercialización culposa, falsificación de documentación e imitación fraudulenta de marca”.
Por otra parte Ramidán, Gatti y Manso citaron que hay actuaciones por el “caso Yectafer” de la Defensoría del Pueblo de Río Negro mediante un proyecto de comunicación -Nº 364/05, dirigido al Ministro de Salud de la Nación.
Prensa, 05 de mayo de 2008
