Es la segunda iniciativa que desde Redes se incorpora a la Ley de Seguridad Pública
“El cargo de Secretario de Seguridad, o cargo que en el futuro lo reemplace no podrá, bajo ninguna excepción, ser ejercido por un militar o policía, en funciones o retirado”. Así lo establece un proyecto de Ley, de legisladores del Bloque Redes (Renovación y Desarrollo Social), que modifica la Ley 4200, de Seguridad Pública.
La iniciativa de Fabián Gatti y Beatriz Manso prevé que la Secretaría de Seguridad podrá, sin embargo, contar con el asesoramiento técnico del personal afectado a los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Pública, incluida la misma fuerza policial.
Además proponen que el titular de la referida secretaría brinde, ante la Legislatura, un informe anual de la labor realizada. Se trata, según expresaron los legisladores, de llevar un seguimiento de las políticas de seguridad pública.
Los autores del proyecto plantearon que “si antes bregábamos por desterrar el prejuicio que atribuye a la policía el monopolio de los saberes sobre seguridad, hoy debemos dar un paso adelante y plantear la necesidad de que el poder civil comande las políticas de seguridad”.
“La voluntad política será fundamental para que las reformas planteadas produzcan efectos positivos”, sostuvieron y añadieron que, “no se puede trocar la especialización por la banalización de las discusiones, o la apelación al paradigma de la ‘mano dura’ o, la delegación absoluta del problema en las fuerzas de seguridad”.
Señalaron que “poner a un civil a dirigir la fuerza policial desde la Secretaría de Seguridad tiene el objeto de promover la construcción de una fuerza subordinada al poder político democrático. Esto de ninguna manera va en detrimento de la especialización. El cargo deberá ser ejercido por un civil que demuestre sus aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.”
Gatti y Manso dijeron sobre la situación actual de la Secretaría de Seguridad que “no sólo se mantienen viejas estructuras organizacionales, sino que el autogobierno de la policía tiende a colonizar el poder político. Y este es el punto central, de suma gravedad, donde hay que establecer una salvaguarda institucional en la ley de Seguridad Pública.”
Esta iniciativa es resultado del seguimiento que los autores realizan desde la sanción, en el 2007, de la actual ley, que connota “la necesidad impostergable de profesionalizar a la fuerza pública y la imprescindible necesidad de abandonar el modelo militarizado que no supo acompañar las nuevas necesidades sociales de seguridad”.
Finalmente plantearon que “no hay opción, el poder político democrático debe tomar las riendas de las políticas de seguridad, de otro modo no nos quedará más que el asombro o la perplejidad cuando las fatalidades sigan impunemente su curso”.
