Las empresas deberán acreditar solvencia

 

Proyecto de Ley

 

Fabián Gatti, Beatriz Manso y Martha Ramidán, legisladores del Frente Democrático, propusieron una modificación a la Ley provincial 1274, de Promoción Industrial y del Fondo de Fomento Industrial. El proyecto establece cambios en el artículo que regula un conjunto de beneficios a los titulares de las empresas definidas en la ley,  en cuanto que propone exigirles la presentación de la documentación actualizada de la justificación anual del mantenimiento de la solvencia fiscal, económica y financiera. Por otra parte, los mismos deberán aportar cada tres años la documentación de la solvencia técnica y profesional.

 

La iniciativa surgió por el análisis de la citada ley y por la información recabada en un pedido de informes realizado en octubre de este año al Ministro Pablo F. Verani, relacionado al  beneficio de exención impositiva a favor de la empresa Flavors S.A. En esa oportunidad el Ministro de Hacienda contestó que la exención está encuadrada en los términos de la ley 1274, en los artículos 1 y 2. Por ello, los legisladores opinaron que "la ley debe contener el concepto de solvencia para evitar lo que tantas veces vimos en el país, empresas fantasmas que construyen galpones vacíos para aprovechar beneficios fiscales y a partir de allí utilizar estructuras crediticias con avales del mismo estado".

 

Agregaron  que "muchas empresas son montadas estructuralmente, bajo el simulo del concepto de solvencia, pero denostadas de liquidez, generando mayor abultamiento de su pasivo al no contar con efectivo necesario al momento oportuno de realizar los pagos de los compromisos anteriormente contraídos".

 

Cabe mencionar que la Ley 1274 establece que "podrán acogerse a los beneficios (…) las personas físicas o jurídicas, titulares de nuevas empresas y explotaciones que se radiquen en la Provincia de Río Negro, cuyas actividades estén incluidas en el listado que preverá el Decreto Reglamentario. Serán consideradas nuevas empresas las existentes que se relocalicen en un parque industrial y las ampliaciones en la capacidad de producción y de servicios de por lo menos un treinta por ciento (30%). También podrán ser promovidas por el régimen de la presente Ley aquellas empresas que sean declaradas de Interés Provincial y las que hubieran obtenido beneficios previstos en la Ley Nacional Nº 21.608 o las que la sustituyan o modifiquen".

 

En consecuencia, "dichas empresas y explotaciones son secundadas por el otorgamiento de una serie de beneficios: facilidades para la compra de tierras fiscales a los fines de su desenvolvimiento, prioridad en el otorgamiento de créditos de Bancos Oficiales , aval bancario por Bancos Oficiales de la provincia para la importación y/o adquisición en el país de equipos, maquinarias e instrumentos, tarifas especiales para la difusión publicitaria, la exención impositiva por publicaciones, la exención o reducción de los impuestos provinciales creados o a crearse y los que los sustituyan o modifiquen, entre otros", expresaron los autores del proyecto.

 

Es oportuno mencionar que el artículo 3 de la citada ley delimita que los beneficios impositivos pueden concederse por un plazo de hasta 10 años.

 

Finalmente, los legisladores creen que la reglamentación debe incluir que "entre los requisitos que deben contemplarse, caso de las Uniones Temporales de Empresas, en especial, cada uno de los miembros de dicha unión debe acreditar su capacidad y solvencia individualmente, haciendo referencia a que se concurre bajo dicha figura .De igual modo, las personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades deben acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la persona jurídica dominante".

 

Prensa, 25 de noviembre de 2008

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Buscan crear comisión evaluadora del servicio de transporte aéreo rionegrino

 

Proyecto de Ley

 

Con el firme propósito de cubrir la demanda de transporte aéreo turístico, sanitario, de carga y de pasajeros en general, en el ámbito de la provincia, los legisladores Fabián Gatti, Beatriz Manso y Martha Ramidán proponen crear la Comisión Mixta Evaluadora del Transporte Aéreo. La misma se conformará por el término de 180 días y su fin será planificar la puesta en marcha de servicios aéreos con conexiones regionales, nacionales e internacionales. Es un tema pendiente y urgente para avanzar, ávido de una política de estado, en pos del desarrollo económico provincial.

 

Las principales funciones de la Comisión Mixta serán convocar a las empresas estatales y privadas a presentar estudios de factibilidad en la implementación del servicio y sus conexiones con las rutas en el corto, mediano y largo plazos.

 

La comisión estará integrada por un representante de la Secretaría de Planificación, Control y Gestión, Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, Ministerio de Turismo, Secretaría de Transporte, Ministerio de Producción, presidentes de los bloques legislativos y dos representantes de los aeroclubes de la provincia.

 

También evaluará el estado actual de los aeropuertos radicados en Río Negro y analizará la "necesidad de subsidiaridad, control y seguimiento" por parte del Estado. En este sentido la Comisión analizará los mecanismos de contratación de empresas de servicios aéreos en el marco de la Ley 3186 de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial. Por último, la Comisión diseñará un modelo de pliego de licitación que contemplará "un piso de pasajes cubiertos garantizados por el Estado en función del principio de subsidiariedad del transporte público". Al respecto los legisladores expresaron que "no hay que caer en el burdo error de planificar el transporte pensando en la rentabilidad a corto plazo. Sino como una inversión para el mediano plazo, donde la rentabilidad se mida en términos de integración, desarrollo y bienestar de la comunidad".

 

Entre los fundamentos del proyecto de ley los parlamentarios del Bloque Frente Democrático hacen hincapié en las dificultades que presenta la provincia para concretar la integración regional y en la importancia del transporte aéreo como un elemento central tanto para la comunicación interna como externa. El transporte aéreo, en especial, es un problema  "siempre postergado por la crisis". El desarrollo de este servicio debe ser considerado como una política de estado.

 

A la capital provincial llega un solo vuelo por semana desde Buenos Aires y no existe ningún otro que la vincule con las otras grandes ciudades de la provincia. General Roca, que en los últimos años se ha afirmado como el gran polo económico y productivo de la provincia, no cuenta con vuelos a Buenos Aires, regionales y muy lejos de concretar vuelos internacionales.

Bariloche es un caso exclusivo con vuelos diarios, nacionales e internacionales, creciendo anualmente el ingreso de pasajeros por vía aérea, pero curiosamente no tiene conexiones con Viedma, General Roca ni con Ing. Jacobacci.

 

Los empresarios mineros de la Línea Sur y Sierra Grande están totalmente aislados, al igual que los pesqueros del golfo y el sector turístico de las Grutas en San Antonio Oeste.

 

Gatti, Manso y Ramidán argumentan que "no se trata de traer una nueva versión de la integración de los rionegrinos a esta cámara, sino de entender la necesidad de conexión con el mundo, en una provincia de perfil netamente turístico y exportador. Se trata de generar políticas públicas que faciliten el arribo de compradores a la provincia. Por otro lado el desarrollo aéreo impulsará el desarrollo de nuevas áreas turísticas, en un territorio que en su condición de patagónico despierta el interés de turistas de todas partes del mundo".

 

La breve historia 

 

La historia de los servicios aéreos en Río Negro tuvo grandes aspiraciones y tristes derroteros. En el año 1990 y con miras a integrar la provincia, empezó a operar la empresa Sapse como parte de un proyecto del gobierno provincial de entonces. Dicho proyecto incluyó la construcción de seis aeropuertos en todo el territorio.

 

Con la empresa Sapse se llegó a volar de Puerto Montt a Bariloche, Viedma, con escala en Jacobacci y General Roca. Hubo dos vuelos semanales a Buenos Aires de la empresa provincial. Todo eso estaba pensado con una tercera etapa en el marco de un proyecto productivo en función de exportaciones por vía aérea, pero el emprendimiento sufrió la misma realidad que distintas empresas aéreas de rutas desfavorables, con una administración estatal que no estuvo a la altura de las contingencias.

 

El Viernes 10 de julio de 1998 el diario la Nación publicaba "Reclamo de líneas aéreas patagónicas", en una nota expresaba el reclamo de ayuda de tres empresas del sur del país que solicitaron el apoyo oficial para seguir operando rutas con rentabilidad negativa. Se trataba de las empresa fueguina el Kaikén, la neuquina TAN y la rionegrina Sapse, entonces recientemente privatizada en Sapsa. Las tres transportadoras aéreas patagónicas denunciaron que la demora en el pago de los pasajes oficiales o la asignación de cargas de organismos públicos a terceros intermediarios atentaban contra principios de igualdad y causaban un enorme perjuicio a la actividad. En su momento se unieron en un reclamo por la aplicación de fondos al Programa Integral de Desarrollo Aéreo de la Patagonia (Pidap), como única vía para sostener las rutas de rentabilidad negativa, pero imprescindibles para mantener la comunicación regional. "No estamos aferrados a un subsidio, pero tampoco podemos nosotros seguir subsidiando un esquema que el Gobierno prometió asumir y dejó a la deriva", indicaron.

 

Las compañías aéreas obtuvieron el apoyo de la Comisión Nacional de Desarrollo de la Patagonia para reclamar la reasignación de los fondos que en 1994 se destinaron a subsidiar a los transportadores aéreos que desarrollen infraestructura comercial en la región y presten servicios en rutas o tramos internos y que sean declarados de interés para su desarrollo. Otras empresas, como Aerolíneas Argentinas, LAPA, Austral o SW, que conectan rutas regionales, no fueron incluidas.

 

El programa permitiría recuperar las conexiones aéreas perdidas con la suspensión de los vuelos de Líneas Aéreas del Estado, mediante la licitación de tramos por subsidiar. De los $ 12 millones que se utilizaban para LADE, se iban a destinar ocho para el Pidap, por cinco años. Pero fueron cuatro en el 95; aproximadamente dos en 1996, y nada en los dos últimos años. El Pingüino dejó de operar en 1996, al igual que Sapse, transformada en sociedad anónima y sin aeronaves propias, Sapsa (luego adquirida por la empresa de transporte terrestre de pasajeros Vía Bariloche) que dejó de operar definitivamente en el 2002.

 

En un hangar del aeropuerto de Viedma siguen depositados cuatro aviones de SAPSE, cuyo desuso lleva una década. Plazo que también cuenta el inagotable proceso de liquidación de esa empresa aérea provincial. Pero no es el motivo de esta ley, el de realizar un análisis detallado de lo que pudo ser y no fue, o del estado calamitoso en la actualidad de la empresa fundida, los gastos y las pérdidas que sigue dando y los juicios millonarios aún pendientes. Ese es otro capítulo.

 

Se trata más bien de una necesidad de integración territorial que se hizo sentir ya en las postrimerías del siglo XX en nuestra región y que ahora está más que acentuada, frente a un crecimiento, productivo, turístico, poblacional, que no espera decisiones políticas para desplegarse.

 

Prensa, 13 de noviembre de 2008

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Proponen extender el Sistema de Guardias de "hogares" a toda la provincia

Comunicación Al Ministerio de Familia

Proponen extender el Sistema de Guardias de "hogares" a toda la provincia

 

Los legisladores Martha Ramidán, Beatriz Manso y Fabián Gatti (FD) propusieron mediante una comunicación al Ministerio de Familia de Río Negro extender a todas las localidades el "Sistema de Guardias Permanentes de Profesionales y Operadores Comunitarios" y poner a disposición del mismo todos los recursos necesarios para su implementación. Entre los fundamentos de la iniciativa los parlamentarios citaron las acciones desarrolladas por la Delegación de Promoción Familiar- Zona Atlántica-quien acompaña a niños, niñas y adolescentes, de 0 a 18 años, que estén demorados en comisarias por el motivo que fuere, internados en un Hospital o estén en otras instituciones y en circunstancias en la que no cuenten con acompañamiento adulto, en pos de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Motivó la comunicación el hecho de que "en los últimos tiempos, se ha incrementado el número de detenciones de niños, niñas y adolescentes, expuestos en comisarías, en paralelo, a las situaciones de vulneración de derechos a los cuales se ven expuestos en dichas circunstancias" y que "vemos a diario, las sistemáticas declaraciones realizadas por jóvenes – y sus familias-, relacionadas a detenciones ilegales por averiguación de antecedentes, maltratos y persecución policial de distintos tenores, llegando, inclusive, al armado de causas judiciales, legitimando estas prácticas institucionales violentas".

 

Enfatizaron  que "es necesario la implementación de esta herramienta operativa interinstitucional en toda la provincia ya que se evitarían casos de detención arbitraria o, mucho más aún, de muerte de adolescentes detenidos, como ocurrió en nuestra Provincia, el pasado 1  de noviembre cuando un adolescente de 17 años se ahorcó en un calabozo, sospechado de hurto, en la Comisaría Tercera de la ciudad de General Roca".

 

Por otra parte los legisladores del Bloque Frente Democrático señalaron que "cabe preguntarse, qué mecanismo preventivo y/ o medida administrativa se halla dispuesta, frente a la detención arbitraria- desde la cual ya se vulneran derechos- o en situaciones en las que no se encuentren acompañados por sus responsables adultos".

 

El "Sistema de Guardias Permanentes de Profesionales y Operadores Comunitarios" se activa una vez recibida la demanda o la comunicación de parte de la Policía de la Provincia, Poder judicial o  Ministerio Público. Al momento en que un joven es demorado en una comisaría, la misma da aviso al coordinador de turno quien tiene la responsabilidad de realizar la evaluación técnica de la situación y organizar una estrategia para resolver la misma. Luego se establece la Guardia y se garantiza la presencia permanente de operadores. Si es necesario el coordinador se comunica con el Juez Interviniente o la Asesora de Menores.

 

Una vez establecida la Guardia, se insiste permanentemente en que la comisaría notifique a los padres o tutores a fin de viabilizar las tramitaciones y que los mismos permanezcan en Comisaría el menor tiempo posible.

 

El objetivo de la Guardia es garantizar el derecho a la defensa, entendiendo también las consultas realizadas por distintas instituciones hospitalarias, educativas y otras del Gobierno provincial, proponiéndose como alternativa para impedir la judicialización de situaciones vinculadas con problemáticas socioeconómicas. En este orden, es de su incumbencia, las autorizaciones para el ingreso al  Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes (CAINA).

 

El marco general de implementación de éste servicio es toda la normativa nacional, internacional y provincial acorde a la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

Del "Hogar Pagano" al Sistema de Guardia de Delegación

 

En la Provincia de Río Negro, en la zona Atlántica, hasta el año 2004 cuando un joven menor de edad era demorado en una Comisaría, era acompañado por operadores del Hogar Pagano. Al reabrirse como institución de mayor seguridad, las situaciones se derivaron a los Programas de la Delegación de Promoción Familiar, pero las guardias eran asistidas por operadores de ese hogar.  

 

A partir del año 2004, con dos operadores del Programa de Libertad Asistida, comenzó a pensarse un dispositivo específico para estos hechos.  Se atendían situaciones en las comisarías, con turnos rotativos de 12 horas.

 

En el año 2006, se fortaleció el equipo  de trabajo y se amplió la cobertura, entendiéndose como Guardia de Delegación y no solo del Programa de Libertad Asistida. Se sumaron así, al grupo original, cuatro operadores y tres técnicos. De igual forma, sistematizaron reuniones donde definían criterios operativos de trabajo, roles y la necesidad de acuerdos institucionales.

 

En la actualidad, el dispositivo de guardias trabaja con 8 operadores organizados en dos grupos y garantizan el servicio de asistencia y acompañamiento las 24 horas. Cada operador cumple un turno de 6 horas.

 

Prensa, 03 de noviembre de 2008

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